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Domingo, 15 de septiembre de 2019
COLUMNAS • RAZÓN CRITICA
domingo, 19 de mayo de 2019
El gravísimo problema de la justicia
“Entre los poderes del Estado, que son tres, le incumbe al Poder Judicial la tarea de interpretar las leyes dictadas por el Poder Legislativo, a fin de aplicarlas a los casos concretos sometidos a su decisión, de controlar a los otros poderes, y asegurar que la Constitución Nacional tenga primacía con respecto a las demás leyes. Decide en última instancia en este sentido de declaración de inconstitucionalidad.
Es importante la independencia del Poder Judicial del resto de los poderes, ya que de lo contrario, los ciudadanos no se hallarían en real situación de garantía, pues los jueces decidirían las causas conforme a los intereses de los otros poderes, y no de la justicia. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho igualitario de todo ser humano de ser escuchado en forma pública y justa por un Tribunal que debe tener dos características esenciales: ser independiente e imparcial. Sobre la importancia del rol del Poder Judicial hay discrepancia entre los políticos. Alexander Hamilton, abogado, político y escritor estadounidense (1757-1804) amigo personal y secretario de George Washington y creador del Partido Federal de los Estados Unidos, amén de redactor de la Constitución, afirmó que el más débil de los tres poderes es justamente el poder judicial: lo único que posee es juicio, no tiene ni fuerza ni voluntad. En ejercicio de la Presidencia de Estados Unidos, cargo que detentó entre 1801 y 1809, Thomas Jefferson, manifestó su disconformidad con el otorgamiento a la Corte Suprema de la facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes en última instancia, pues consideró que resultaría reconocer el máximo poder a una oligarquía, no elegida popularmente. John Marshall al frente de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en 1801, le otorgó al Poder Judicial la categoría de Poder independiente de los otros dos, y lo puso en igualdad de rol, determinando la importancia del control de constitucionalidad de las leyes, determinando la invalidez de las leyes contrarias a la Constitución. En España, los jueces y tribunales aplican la ley administrando justicia en nombre de la autoridad real. La máxima jerarquía de este poder independiente lo tiene el Tribunal Supremo, radicado en Madrid. En México el tribunal supremo es la Suprema Corte de Justicia, al igual que en Uruguay. En Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia. En Argentina lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, y demás tribunales inferiores. El número de jueces que integran la Corte se determina por ley. Durante la presidencia de Menem se elevó el número de integrantes de cinco a nueve, por ley del año 1993. En la actualidad solo hay cuatro (la preside Ricardo Lorenzetti y lo acompañan Elena Highton de Nolasco, Ricardo Fayt y Juan Carlos Maqueda). Esta reducción está aprobada por una ley de 2006. Los miembros de la Corte Suprema son designados por el Presidente de la Nación, debiendo contar con el acuerdo de los dos tercios del Senado. El resto de los jueces son designados por el Presidente con acuerdo de la mayoría simple senatorial, en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura. La designación de los jueces por el Poder Ejecutivo ha hecho muchas veces cuestionable la imparcialidad de este poder. Así durante el gobierno del presidente Carlos Menem, se habló de Corte adicta. No es como vemos un cargo electivo como en los otros dos poderes, ni tampoco temporario, como ocurre en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Los jueces mientras gocen de buena conducta (de lo contrario pueden ser sometidos a juicio político si se trata de un juez de la corte o en un proceso de destitución a cargo del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento en caso de jueces de menor jerarquía) conservan su puesto. La muerte, la renuncia y la jubilación son las causas de dejar sus cargos. Además para se Jueces en cualquier instancia, se necesita ser abogado. El Presidente de la Nación nunca puede ejercer funciones de administrar justicia” (Fuente: www.derecho.laguia2000.com).

Tamaña polémica se desató en nuestro país luego de que la Corte Suprema de Justicia pidiera el pasado martes el expediente de la causa “Vialidad”, que posee como acusada, entre otros, a la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Tal situación hubiese implicado la demora del inicio de este juicio. Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad civil y del régimen político (principalmente del oficialismo) se manifestaron en contra de la decisión de la Corte ya que indicaba una ayuda judicial para la ex mandataria. En este contexto de críticas y rumores, el máximo tribunal de justicia de la Argentina se expidió días después mediante un comunicado en el cual informaba que el juicio no se suspendía ni se aplazaba.

Muchos conceptos se pueden expresar sobre lo acontecido sobre esta noticia que abarcó gran parte de la agenda nacional de la última semana. Sin lugar a dudas, si consideramos lo expuesto en el primer párrafo del presente escrito como un prisma analítico para reflexionar acerca de lo ocurrido, existe un problema fundamental que atañe principalmente al Poder Judicial: los vaivenes en sus decisiones, dependientes de los gobiernos de turno y de las presiones sociales y políticas, han provocado considerables fisuras en su credibilidad. De esta contingencia de por sí grave, se deriva otra aún mas complicada: la ciudadanía ya no le cree a la justicia. ¿Cómo puede funcionar eficazmente una república cuando uno de sus tres poderes se percibe dañado y está continuamente bajo la lupa?

“Como en un partido de fútbol de esos de ida y vuelta, la marea informativa que expresa la impresión de la sociedad sobre la Justicia dio una voltereta de 180 grados en 24 horas, primero para acusar a la Corte de peronista y después para lo contrario: denunciarla por ceder a las presiones del Ejecutivo. Entre las dos suman a todo el país” (Fuente: Luis Bruschtein, periodista). En esta vorágine político- judicial no sólo se encuentra la Corte sino también el resto de los tribunales que se posicionan por debajo de ella. Los tiempos políticos se transforman en los tiempos de la justicia y los indicios sobre operaciones y operetas judiciales continuamente se imponen como un secreto a voces. Esta triste realidad no es patrimonio exclusivo del actual Gobierno, la desdicha de estos manejos políticos que hacen temblar la división de poderes, pilar elemental de todo régimen republicano, se ha instalado en Argentina desde hace muchísimos años. ¿El resultado? Una profunda descredibilidad de parte de los ciudadanos hacia los organismo sostenidos en este poder. Ya nadie le cree y muchos se consideran desprotegidos en sus garantías constitucionales.

Lo cierto es que, en un principio, la Corte Suprema actuó coherentemente al solicitar el expediente de la causa para analizarlo ya que existían cuestiones tales como los peritajes que el juez de instrucción había ignorado o los estudios necesarios para confirmar la denuncia. Sin estos elementos, una vez terminado todo el proceso con su consecuente sentencia, la defensa hubiese podido pedir un recurso de nulidad.

Sea cual fuere el caso, lamentablemente el Poder Judicial en nuestro país está tan desgastado y goza de tan poca credibilidad que no importa los caminos que escoja para hacer justicia, siempre se encontrará en el ojo de la tormenta. Tantos años de denuncias de operaciones políticas y funcionarios judiciales ineficientes y corruptos han generado un daño tan profundo en este poder del Estado que el descreimiento de la ciudadanía hacia él es inconmensurable. Por esta razón, los tribunales de justicia, desde los más bajos hasta el más alto, no poseen el margen de acción que la pulcritud y la neutralidad que debiesen tener les proporcionaría. De esta manera, hasta cuando están actuando dentro del marco de la ley, deben dar marcha atrás en sus decisiones.

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