Alquileres
Inquilinos destacan el proyecto que grava a la vivienda ociosa
“Es un proyecto viable con el que estamos de acuerdo”, afirmó a APFDigital el referente de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos, Jonathan Villanueva, sobre la iniciativa legislativa que apunta a promover la incorporación de departamentos y casas al mercado inmobiliario para ampliar la oferta de alquileres y frenar la especulación inmobiliaria
Tiempo atrás el diputado Néstor Loggio (PJ) presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para que se cobre un 30% sobre el Impuesto Inmobiliario a los inmuebles ociosos que no se utilizan para vivir, ni tampoco se alquilan o están en venta.
La iniciativa establece que solo pagarán ese porcentaje extra quienes posean “cuatro o más propiedades urbanas edificadas, tanto dentro como fuera en la Provincia”.
“Estamos legislando para promover la utilización positiva de los bienes patrimoniales, y desmotivar su destino de especulación u ociosidad, a la vez que promovemos la incorporación de dichos inmuebles al mercado inmobiliario, en forma de alquiler o venta, lo cual promueve la ampliación de la oferta, y con esto mayores posibilidades de baja de precios”, enfatizó el diputado Loggio.
El proyecto se enmarca en un contexto en el que es alarmante la falta de viviendas en alquiler y son varios los inquilinos que se anotan en listas de espera para poder acceder a un casa o departamento.
“Tuvimos acceso al proyecto, consideramos que es viable y estamos totalmente de acuerdo con lo que plantea”, afirmó el representante de Inquilinos Agrupados.
“A pesar de que pueda tener sus detractores, es algo que ya funciona en otros países y en grandes ciudades del mundo”, entre los que se encuentran Francia, Reino Unido, Dinamarca y Uruguay, indicó.
“Habrá que ver cómo se hace el relevamiento”, dijo y manifestó que seguramente la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) intervendrá en eso.
“Hecha la ley hecha la trampa, el inmobiliario es un mercado bastante informal y son varios los testaferros, así que habrá que ver cómo se puede instrumentar en el caso de que el proyecto se apruebe”, sostuvo.
Consultado por esta Agencia, dijo que están dispuesto a concurrir a la Comisión de Presupuesto, a la que fue girada la iniciativa: “Siempre estamos dispuestos a dar el debate y a ir por más derechos para los inquilinos”.
· ¿Cómo funciona en otros países?
- Francia: A partir de 1999 tiene un impuesto a las viviendas vacías por más de dos años, inicialmente para las ciudades más pobladas. El tributo sube a medida que pasa el tiempo. También se aplican subvenciones y desgravaciones fiscales para los dueños que rehabiliten las propiedades y la pongan después en alquiler.
- Reino Unido: Desde 1992 existe la Empty Home Agency, que se ocupa de intermediar con incentivos fiscales o penalizaciones. Suele acordar con bancos para usar viviendas embargadas para alquiler social. En 2013 dispuso también un impuesto a la vivienda vacía, con resultados que mostraron una baja importante de propiedades ociosas. Los gobiernos locales tienen la obligación de publicar cada año un informe sobre su parque de viviendas vacías y qué medidas adoptaron para atacar el problema.
- Alemania: En municipios con más de 10% de viviendas vacías el gobierno local puede demoler las que no se pueden alquilar, y los propietarios pueden ser obligados a recuperar las construcciones para ofrecerlas al mercado.
- Dinamarca: tiene un límite de apenas seis semanas para que una vivienda esté desocupada. Después se cobra un impuesto. Y hay multa, directamente, si no se informa a la comuna que una propiedad está libre.
- Países Bajos: tiene la legislación más radicalizada por una ley de 1981 que establece que la ocupación de una vivienda vacía no es criminalizada si la propiedad lleva al menos un año ociosa. Vuelve a su dueño si demuestra que no volverá a estar vacía.
- Uruguay: en 2018 se dictó una ley que establece un procedimiento de ejecución judicial sobre los inmuebles urbanos vacíos y degradados, si están deshabitados al menos dos años, deteriorados o en ruinas y ubicados en zonas urbanas. Un año antes la Intendencia de Montevideo había creado un impuesto a la vivienda vacía, que detecta a través de un relevamiento al consumo de electricidad y/o agua.
- Canadá: la ciudad de Vancouver tiene desde 2017 un impuesto a la vivienda deshabitada, que equivalía entonces a 1% de la valuación fiscal, pero el éxito de la medida impulsó que ese tributo subiera a 1,25% el año pasado.
- Estados Unidos: Washington tiene un impuesto de cinco dólares por cada 100 del valor tasado de una vivienda libre, y uno de 10 dólares por cada 100 del valor tasado si la propiedad está abandonada. Desde 2018, Oakland, en California, tiene una Ley del Impuesto de Propiedad Vacante, aprobada en una consulta para 20 años. Las casas que están en uso menos de 50 días al año pagan una tarifa común de 6.000 dólares.
- España: es un caso complejo, porque el grado de autonomía de cada comunidad les permite aplicar medidas propias. Por lo pronto, Cataluña, Navarra, las Baleares y el País Vasco penalizan con tributos las viviendas ociosas.
Barcelona permite la "expropiación temporal" (sin cambio de dueño) si la casa estuvo vacía al menos dos años y las Baleares permiten la expropiación forzosa de pisos de grandes tenedores (personas o empresas con 10 o más casas) que lleven dos años deshabitadas sin justificación.
En Navarra, el Tribunal Constitucional avaló la expropiación pero solo a empresas, y en el País Vasco el impuesto alcanzó los 10 euros por metro cuadrado de la propiedad libre.
Más allá de eso, el país atraviesa un debate acerca de a qué debe considerarse una vivienda vacía. Un decreto de 2019 permite a los ayuntamientos imponer un recargo de 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, pero en la práctica ningún gobierno local pudo aplicarlo.
· Hacen falta 128 mil viviendas
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en Entre Ríos hacen falta 128 mil nuevas viviendas: la mitad de la población que requiere una solución habitacional se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, y otro 34% la supera, pero percibe bajos ingresos, lo cual genera que el 84% del total de viviendas necesarias no puede ser atendido por el sistema financiero ni por la inversión privada porque ese segmento social no tiene la posibilidad de pagarlo.