Opinión
¿Tiene el Municipio una verdadera política pública de tránsito?
En plena discusión sobre el tema me permito hacer algunas consideraciones relacionadas al tránsito en la ciudad, especialmente en cuanto a los controles vehiculares.
En este sentido no puede dejar de preguntarme ¿Hay una decisión de ordenar el tránsito o existe una mera vocación recaudatoria?
Para responder esta pregunta deberíamos saber: ¿Cuánto recauda Municipio y Provincia diariamente en concepto de multas de tránsito, secuestro y retenciones vehiculares? ¿No es acaso, la mayor fuente de ingresos de recursos genuinos? ¿A qué partida se incorporan estos ingresos, rentas generales?
Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, la respuesta a la pregunta inicial se impone. En este momento de baja de la recaudación, pensar en abandonar la persecución de las multas por infracciones de tránsito, sería impensado abandonar las malas prácticas.
Quiero abordar conceptos legales que creo importantes. La Municipalidad no puede delegar por Decreto una obligación que les propia. No puede compartir con la policía su responsabilidad con fines estrictamente económicos. Esta delegación de facultades debe ser autorizada por Ordenanza. LA POLICÍA DEBE COLABORAR Y NO SER UN INTERESADO DIRECTO.
¿Debe la policía distraerse de sus tareas de prevenir y perseguir el delito para dedicarse a realizar controles vehiculares? ¿Es su obligación perseguir infractores contravencionales y derivarlos a la justicia administrativa? La Legislación les otorga otras responsabilidades. ¿Harían controles vehiculares sino existiera un acuerdo económico entre Municipio y Policía?
Participo del pensamiento de que la Policía no puede perseguir infractores de transito como si fueran presuntos delincuentes so pretexto de haber evadido un control vehicular, argumentado resistencia o desobediencia.
Hemos llegado a absurdo de interceptar personas caminando y requerirles identificación por supuesta evasión del control de tránsito ubicado dos cuadras antes. ¿Cuál es la figura típica que justifica el estado de sospecha necesario para restringir la libertad ambulatoria? ¿Cuál fue la orden desobedecida si no existió contacto entre policía y conductor? Cuál es el justificativo, ¿la corazonada del funcionario actuante o son conductas estigmatizantes y discriminatorias? Creo que estamos cayendo en un estado de decadencia, que nos hace retroceder a la peor etapa de la historia argentina.
No puede soslayarse el rol social y la idiosincrasia del tránsito en la ciudad. El crecimiento anárquico de la ciudad, la concentración del comercio y la administración en un radio céntrico, la imposibilidad económica de la mayoría de las familias que viven en barrios periféricos, la carencia de transporte público, el costo de los remises. Gobernar sin observar estas situaciones es gobernar de espaldas al pueblo.
Por último, quiero reivindicar los contrales realizados por Agentes de Tránsito, (asimilando su condición a la de funcionario público), acompañados de funcionarios policiales, que garanticen su seguridad e integridad. Que obliguen al cumplimiento de las Ordenanzas vigentes (que no adhieren a la ley nacional) con criterio de razonabilidad que debe tener todo acto administrativo, para lo cual hay que dedicar los recursos y esfuerzos en capacitar y educar, a buscar soluciones, como, por ejemplo, reconocer validez a la Aplicación “Mi Argentina”, tener tolerancia ante el secuestro, no exigir requisitos absurdos como una autorización de Manejo cuando la cedula verde está vigente. En definitiva, gobernar con Justicia Social.
Cuando las normas son resistidas no son racionales.
Por el Dr. Marcelo Sánchez.