El Gobierno busca limitar los aumentos de las prepaga

Las cuotas de las prepagas aumentaron por encima de la inflación, generando un fuerte impacto en los presupuestos familiares.

Durante 2023, las prepagas incrementaron sus cuotas en un 124%, apenas por debajo del costo de vida, que se ubicó en 127,8%. Sin embargo, tras conocerse el dato de inflación de enero de 2024, que mostró una desaceleración al 2,2%, el Gobierno busca evitar que las empresas de medicina privada continúen con aumentos desmedidos.

Paradójicamente, fue el propio gobierno de Javier Milei el que, al asumir, liberó los precios del sector financiador de servicios de salud, permitiendo los incrementos sin intervención estatal. Ahora, con el objetivo de frenar estos ajustes, se analiza la implementación de un decreto que limitaría los aumentos.

Un nuevo esquema de aumentos

Según trascendió, la nueva regulación establecería que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberán discriminar por planes. Además, para los adultos mayores, el incremento no podrá superar el triple del valor cobrado a los más jóvenes.

En enero, las prepagas anunciaron subas de entre 3% y 3,9%, es decir, casi el doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. Las empresas justifican estos ajustes argumentando que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Investigación por presunta cartelización

A mediados de diciembre de 2023, el Gobierno imputó por supuesta cartelización a varias empresas de medicina prepaga, incluyendo Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio explicaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estableció un plazo de 90 días hábiles para la producción de pruebas, con posibilidad de prórroga por otros 90 días. Al finalizar este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.

El Gobierno había denunciado a estas empresas en la Justicia por la presunta cartelización y la constante suba de las cuotas, que se mantuvo durante todo el año tras la decisión de Milei de no intervenir en los precios.

La Secretaría de Comercio recordó que el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, incluyendo acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado.

Con esta medida, el Gobierno busca contener los aumentos en el sector de la medicina privada y evitar que continúe el impacto negativo en la economía de los usuarios de prepagas.