Empresarios juzgados por Trata laboral fueron absueltos

Una década después de los allanamientos a establecimientos rurales del sur de la provincia de Corrientes, se llevó adelante el juicio a los empresarios acusados de trabajo esclavo en Paso de los libres, entre ellos varios entrerrianos dueños de una conocida forestal con sede en Chajarí. La Fiscalía los acusó del delito de Trata de personas con fines de explotación laboral, pero el Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró que no había pruebas suficientes y los absolvió a todos. No obstante, los jueces instaron a investigar otros posibles delitos.

En total fueron ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos pertenecientes a la empresa denominada "El Batelito S.A.", donde 40 trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a vivir en condiciones infrahumanas.

Según el dictamen del fiscal Aníbal Fabián Martínez, cuando pidió la remisión de la causa a juicio, los cuatro principales imputados fueron Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los mencionados delitos por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma "El Batelito S.A."

Las otras cuatro personas fueron imputadas como partícipes necesarias del delito: Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la mencionada cooperativa, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.

Los Percara son oriundos de Chajarí y allegados al exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere. Uno de ellos, Gustavo, estuvo en la primera línea del grupo de productores que defendió los intereses de la familia aristocrática entrerriana en la disputa por la Estancia Casa Grande, en Santa Elena, cuando estuvo ocupada por Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas.

La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.

En la investigación se había determinado que gran parte de las víctimas eran captadas en el norte de la provincia de Misiones para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, los trabajadores esclavos habrían sido alojados en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.

Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta 10 horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos. Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.

Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la empresa "El Batelito S.A." para la que prestaban sus servicios, sino que algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada "Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada". También indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.

Según informó el sitio Prensa Online, al finalizar el debate, los jueces Victor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni resolvieron absolver de culpa y cargo a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara y Fabián Eduardo Knebel, Mónica del Luján Nabone y Nilda Laura Maack. Pese a las absoluciones, se indicó, los magistrados solicitaron al Ministerio Público Fiscal que investiguen otros posibles delitos.