Guernica:no habrá subsidio de 50 mil a los que tomen tierras

Tras el desalojo del predio de Guernica, que había sido tomado a mediados de julio, el gobierno de Axel Kicillof desligó el anuncio del subsidio de hasta $50.000 mensuales de la crisis provocada por las tomas en distintos puntos de la provincia. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, atribuyó "la confusión" a los medios y subrayó que el plan que se publicó en el Boletín Oficial bonaerense dos días antes de la desocupación por la fuerza del terreno de Presidente Perón es una actualización de programas que existen desde 2007 y que solo se utilizan para casos de extrema vulnerabilidad. Cerca del gobernador remarcaron que los usurpadores no pueden aspirar al beneficio.

"La provincia de Buenos Aires tiene un esquema de subsidios que se generó en 2007. Se habían actualizado los topes de montos por última vez en 2009, por lo que había un retraso, porque iban de $7500 a $30.000. Lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes", explicó Larroque en declaraciones a la radio AM 750. Esa actualización lleva la suma hasta un límite de $50.000, que puede redundar en un año en un ingreso de $300.000 si el beneficiario obtiene el monto máximo previsto y por el plazo más extendido, seis meses (originalmente, está establecido para tres meses).

"Es un subsidio destinado a situaciones muy críticas. No está pensado para nada como un subsidio generalizado, pero rápidamente, al verlo en el Boletín Oficial, ciertos medios informaron mal y generaron confusión", completó el ministro al referirse al Programa de Asistencia Crítica y Habitacional, cuyos nuevos montos marca el decreto 938/2020, que se publicó en el Boletín Oficial el martes.

Más allá de los dichos del ministro, lo cierto es que, desde el primer minuto, dentro del gabinete bonaerense se sucedieron explicaciones cruzadas y en algunos casos contradictorias sobre el destino del subsidio: algunos funcionarios lo desligaron de la toma de Guernica, mientras otros señalaban lo contrario: que era un última apuesta por desactivar la toma antes del desalojo.

Fuente La Nación