Impugnaciones jaquean la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Magistratura

Tres impugnaciones presentadas a última hora encendieron las alarmas sobre los concursos para cubrir los nuevos cargos de la Fiscalía Anticorrupción y que se extiende a la composición del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, tras la tensión que envolvió la destitución de Cecilia Goyeneche y el debate por la reforma del organismo.

El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el proceso que busca cubrir los cargos de la nueva Fiscalía Anticorrupción, pero fue más allá porque también puso en crisis la designación de los representantes del Colegio de la Abogacía y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial en el Consejo de la Magistratura.

La elección de los representantes de la abogacía ya había sido motivo de discordia. La ley establece que el estamento tendrá dos representantes, que se designarán por el voto directo de quienes estén matriculados y que al menos uno de ellos deberá tener domicilio real en cualquier punto diferente a la capital provincial.

Esa representación la ejercen Alberto Sampayo y Andrea Saxer, ambos de Paraná, y ambos fueron admitidos por el Consejo de la Magistratura. Los suplentes son Enzo Cabrera, de Gualeguay; y hará María Fabiana Danne, de Colón.

Varisco sostiene que “una lectura clara y concisa (de la ley) indica que hay que integrar el estamento de titulares de la abogacía con alguien del interior y respetando la paridad. Por lo cual, el Colegio de la Abogacía cumple con el requisito de la paridad, pero no con la de un matriculado o matriculada del interior, ya que ambos titulares son de la capital entrerriana, y este requisito no se subsana con que una de las suplentes sea del interior” y le achaca esa responsabilidad al presidente del Consejo de la Magistratura.

Respecto del estamento de jueces, fiscales y defensores, dice el dirigente radical, “el problema radica en el padrón confeccionado para las elecciones de los representantes, ya que tiene como punto de partida los asociados y asociadas, independientemente si son funcionarios judiciales o no afiliados a la asociación”, y en las elecciones celebradas en 2022, había “personas que no eran funcionarios judiciales y, funcionarios judiciales que, al no estar afiliados a la asociación, no pudieron ni siquiera tener el derecho o la posibilidad de votar”. Tampoco podrían ser elegidos.

Si este planteo tuviera acogida, podría trabarse ya no el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, sino el funcionamiento de todo el Consejo de la Magistratura, ya que abriría la posibilidad de habilitar nuevas elecciones en ambos estamentos.

“Hay una serie de sospechas y suspicacias que llevan a pensar que hay algo más que problemas técnicos”, dijo Varisco al ser consultado por el programa En el dos mil también, que se emite por Radio Costa Paraná. En el escrito, el dirigente radical sugirió además que podría haber algún tipo de “direccionamiento”.

Deficiencias técnicas

Las impugnaciones, además, plantean deficiencias técnicas. El abogado paranaense Esteban Leonel Rodríguez, asesor legal de la Municipalidad de La Paz, sostuvo que la resolución de convocatoria al concurso contiene vicios en el procedimiento y contiene una alegada falsedad de causa, por lo que solicitó que se disponga de un nuevo llamado con estricto apego a la legalidad.

Varisco, por su parte, denunció que “históricamente el Consejo de la Magistratura se ha caracterizado por subir a su sitio web las resoluciones y, además, las actas de la asamblea”, pero desde que está bajo la presidencia de Mariano Churruarín “ha perdido esa costumbre” y agregó que las reuniones del organismo se han vuelto “totalmente secretas porque no se conoce la orden del día como tampoco lo que se discute”.

Rodríguez –que sugirió en su escrito que podría anotarse para concursar, aunque finalmente no lo hizo– sostuvo además que la resolución a través de la cual se dispuso el llamado a concurso habría sido una decisión del presidente del Consejo de la Magistratura, sin convocar al resto de los integrantes del organismo asesor; aunque hace la salvedad de utilizar el potencial porque, según dijo, pudo pasar desapercibida o las comunicaciones pudieron haberse cursado en forma privada o personal.

El otro aspecto que cuestiona es que tampoco se cumplió con la publicidad de la convocatoria al sorteo de los jurados técnicos que deberán examinar a los postulantes. Sobre ese punto, Varisco fue más allá al señalar que hubo una “simulación de un sorteo público” y advirtió que previamente hubo una “depuración” de la lista, algo que en su momento reconstruyó Página Judicial sobre la propuesta que se debatió internamente para que aquellos abogados que defiendan a dirigentes políticos en causas de corrupción quedaran excluidos de cualquier jurado técnico, tal como ocurrió.

A última hora se conoció una tercera impugnación, presentada por el fiscal de Concordia José Arias, anotado para participar del concurso, quien también planteó que “se digitaron los jurados técnicos”, cuestionó la “exclusión” de 17 abogados del listado de especialistas en Derecho Penal y sugirió que no hubo sorteo.

“La situación genera un peligro inminente a los postulantes de estos concursos con solo tener en cuenta que las correcciones que realicen ‘jurados técnicos no especializados’ del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial), señaló Arias. “Se fulmina el derecho a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”, agregó.

El fiscal también impugnó el hecho de que se convocó al concurso sin haber establecido de antemano los criterios para la calificación de antecedentes que se aplicarán a los postulantes.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura.