Delta
La Justicia Federal de Victoria liberó una cosecha ilegal de maíz producida en el Delta
El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martín, resolvió hacer lugar al pedido de la empresa El Mapuche SRL para retirar un cargamento de cereales de la zona insultar del Departamento Gualeguay. Se trata de 730.000 kilos producidos en un lote ubicado en Islas de las Lechiguanas, frente a Ramallo, Provincia de Buenos Aires. Es un campo denunciado porque allí la cerealera levantó terraplenes, bloqueó arroyos y fumigó con agrotóxicos, algo totalmente prohibido en el lugar.
Por este caso, en 2020, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, dispuso un cautelar sobre todo el Delta del Gualeguay, ordenó sacar toda la maquinaria y prohibir su nuevo ingreso al humedal. Pero, con lo producido adentro, el año pasado se comenzó a gestionar el traslado desde las islas.
En el expediente también intervino la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quien pidió que la firma presente la documentación que avale la propiedad de lo que quiere comercializar y que el dinero por el usufructo pase a disposición del Juzgado Federal Nº 1. Pero, el magistrado de Victoria rechazó estos requerimientos. De acuerdo a lo publicado por el portal Era Verde, esta medida cayó muy mal en las entidades socio ambientales que trabajan en la zona, ya que consideran que se “avala comercializar una cosecha obtenida infringiendo la ley”.
además “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el ambiente” en todo el Delta del Gualeguay, extendiendo las medidas precautorias sobre el Delta que ya regían sobre el área del departamento Victoria. Sobre el caso puntual, el magistrado del Juzgado 2, resolvió el retiro del territorio insular “de todas y cada una de las maquinarias con capacidad para realizar movimientos de suelo (retroexcavadoras, palas, motoniveladoras, tractores duales, etcétera) o aplicar agroquímicos y/o herbicidas y/o plaguicidas y/o cualesquiera otras sustancias toxicas” de todo el territorio de las Islas De Las Lechiguanas., elementos estos que de existir deberán ser retirados en el mismo plazo”. Y específicamente a los gerentes de El Mapuche SRL, Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, solicitó un inventario detallado de sus vehículos pesados, prohibiéndoles “ingreso de nuevos equipos o máquinas agrícolas y/o viales”.
A raíz de este expediente judicial, el maíz sembrado quedó en las islas de Gualeguay sin poder retirado por la limitación al uso de maquinaria pesada, por lo cual en septiembre de 2022 los dueños de El Mapuche SRL comenzaron a gestionar su traslado para poder venderlo, que es lo que resolvió autorizar el Juzgado Federal de Victoria, que tiene ahora jurisdicción sobre las medidas cautelares sobre el Delta. La cantidad de maíz que se pretende movilizar se estima en 730 toneladas, para lo cual se deben utilizar uno 6 grandes bolsones en lo que se dividiría la carga. El operativo demandaría aproximadamente 10 días, “dependiendo de la condición climática, y que el destino que se pretende es cargarlo para su posterior entrega a acopio y venta”, se especificó en el expediente consignó el portal Era Verde. En la resolución Martín también le hace saber a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que deberá evacuar por otras vías las solicitudes que expresaron al respecto. Esto es porque el organismo estatal argentino encargado prevenir e impedir el lavado de activos producto de una serie de delitos considerados graves, pidió que la firma agrícola presente la documentación que avale la propiedad de lo que quiere comercializar, y que el dinero por lo vendido pase a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná. El juez de Victoria entiende que el “requerimiento de la UIF para que el producido por la eventual venta del cereal sea puesto a disposición del Juzgado Federal de Paraná N° 1, corresponde señalar que no se advierte la existencia de restricción judicial alguna en autos principales, en el presente
En relación a la petición de requerir “documentación que avale la titularidad de la cosecha y su tonelaje”, Martín también “improcedente, por ser innecesaria en esta instancia”, señala en el punto VIII de la resolución. Los ambientalistas criticaron al juez Federal de Victoria porque “se está permitiendo además que la operación no tenga el control estatal adecuado”.