Los mapuches avanzaron en la toma de tierras en la Patagonia
Los mapuches avanzaron en la toma de tierras en la Patagonia. cada hectárea está valuada en USD 100 mil
Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país (la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional.
El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.
En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron "arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014", sostienen.
Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.
En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital de Neuquén, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.
Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.
