Mató a una mujer para robarle $110 y apuñaló a su pareja

El acusado es Jacobo Almada, mató Mariela Costen en Entre Ríos y beneficiado por el magistrado Eduardo Degano. Su nueva víctima que pelea por su vida fue la garante para que quede arrestado en su casa

"Es difícil creer que los imputados puedan producir más daño a la investigación. Estimo procedente la prisión domiciliaria".

La frase pertenece a una resolución del 5 de octubre pasado en la que el juez de garantías de Entre Ríos Eduardo Degano envió a su casa a Jacobo Almada, principal acusado de haber asesinado a la ama de casa Mariela Costen en un intento de robo en Concordia. A pesar de que tenía antecedentes, que la pena en expectativa es de reclusión perpetua y qué hay sobradas pruebas en el expediente, el magistrado resolvió la domiciliaria con un fundamento insólito: el retraso de un trámite. Si bien efectivamente no se comprobó que haya afectado a la investigación, en las últimas horas el acusado hizo algo mucho peor. En la madrugada del sábado, tomó un cuchillo de cocina y se lo incrustó en el pecho a su mujer que ahora pelea por su vida.

Su nueva víctima, insólitamente, fue la garante para su prisión domiciliaria.

"Pasó lo que todos, menos el juez evidentemente, sabíamos que iba a pasar. No había ninguna razón jurídica ni humana para que el tipo esté en su domicilio. No se había cumplido el tiempo máximo de preventiva, las pruebas en su contra son abrumadoras y tenía antecedentes de haber desobedecido a la justicia. Mientras estuvo en el penal se le inició una causa por querer entrar droga a la cárcel y tenía denuncias de violencia de genero. Sin mencionar que en la zona donde vive no hay señal para la tobillera electrónica. A pesar de todo eso Degano lo deja poco menos que libre", explica una fuente de la causa, visiblemente indignada.

Tal como relató Infobae hace algunas semanas, en la madrugada del 20 de julio del 2019 Almada y un cómplice llamado Félix Batalla interceptaron a Mariela y una amiga cuando salían de una fiesta por el día del amigo. Primero las pusieron contra la pared y luego les quitaron unos pocos billetes que llegaban a $110 según la acusación en su contra. Uno de los asaltantes les dijo "No se den vuelta carajo, no nos miren". Probablemente por un acto reflejo, Mariela, ama de casa de 44 años, giró su cabeza y vio a los ojos a Almada, quien se convertiría en su asesino. En pocos segundos tomó de la cintura un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en el rostro.

Luego de algunas semanas de haber estado prófugo ambos acusados fueron detenidos. Las pruebas se empezaron a acumular en el expediente: cámaras de seguridad, el relato de un testigo que vio todo desde lejos, la palabra de la amiga de Mariela que logró sobrevivir y el hecho de que en uno de los allanamientos encontraron la moto con la que escaparon del lugar.

Cualquiera pensaría que ante la cantidad de evidencia y la pena en expectativas para ambos, que es de prisión perpetua, los acusados quedarían alojados en un penal, a la sombra durante mucho tiempo. No fue lo que sucedió en este caso porque se toparon en su camino judicial con una cara que les sería amistosa: la del juez Eduardo Degano.

A pesar de que los dos contaban con antecedentes importantes y, puntualmente, Almada tiene dos juicios pendientes por desobediencia judicial y por balear en la pierna a un vecino, el magistrado de garantías hizo un esfuerzo notable para encontrar un vericueto jurídico que les permitiera a los acusados esperar el juicio en sus casas. Y lo encontró.

Cuando la causa por el asesinato de Mariela estaba a punto de ser elevada a juicio por el fiscal Martín Núñez, los abogados defensores de Almada presentaron un pedido para que se envíe un exhorto a las oficina de Facebook en California con el objetivo de chequear si nadie había influido por ese red social a la amiga de Mariela cuando dio su testimonio.

"Un disparate total. La solicitud es claramente para estirar los tiempos. Todos saben que eso no va a prosperar porque Facebook jamás informa conversaciones privadas de sus usuarios. No lo hizo en causas muchos más grandes, menos en esta", analizaba ante este medio una fuente calificada del expediente.

Quien debía resolver si este pedido era procedente fue otro juez, esta vez el de instrucción, llamado Darío Mautone. A contramano de lo que todos pensaban aceptó la solicitud por lo que el inicio del juicio se retrasó, y bastante. Es que el juez se tomó 9 meses para enviar el exhorto, que en realidad nunca mandó. Según su endeble explicación "se le traspapeló".

Con el fiscal Núñez quejándose por la cantidad de tiempo perdido, la Cámara de Casación Provincial le ordenó esta vez a Degano, juez de garantías, que resolviese de una buena vez sobre el tema del exhorto. También le pidió que tomara una determinación con respecto a los 52 pedidos de prisión domiciliaria que habían hechos los abogados de los acusados.

El dictamen de Degano dejó anonadados a todos. Inclusive a los abogados defensores que ni en sus pensamientos más optimistas pensaban que la resolución les iba a ser tan favorable.

En un documento de 6 páginas, al que pudo acceder Infobae, el magistrado explica que el hecho de que el juez de instrucción "traspapeló" el exhorto a Facebook perjudicó a los dos detenidos: "Que hayan transcurrido 9 meses sin librar el oficio a Facebook atenta contra el plazo razonable de toda investigación lo que provocó en los imputados la denominada 'situación de incertidumbre' debido a que no saben cómo va a terminar el proceso ni muchos menos cuando. Debe recalcarse que una de las garantías con la que cuentan los sospechosos es la celeridad en el proceso", aseveró.

En otro párrafo del escrito, el juez Degano escribe que, según su parecer, los imputados no pueden perjudicar la causa estando en sus casas. Por este motivo firmó la prisión domiciliaria para los dos.

"El magistrado no tomó en cuanta ni las pruebas, ni los antecedentes, solo se basó en que la demora los perjudicó a ellos. Demora que se dio por un pedido imposible de realizar que ellos mismos hicieron", razona una fuente en los tribunales entrerrianos.

En el caso de Almada se designó a una persona como garante de la libertad: su mujer, Norma Morales de 49 años. La misma que ahora lucha en un hospital por sobrevivir al cuchillazo que le dio su pareja en el pecho.

El sábado cerca de las 5 de la mañana la policía de Concordia recibió un llamado de un vecino del barrio La Colina. En la comunicación se hablaba de gritos y peleas entre un hombre y una mujer y señalaron la casa donde Almada pasaba su prisión domiciliaria.

Cuando los efectivos ingresaron se encontraron una escena dantesca. En la humilde vivienda había sangre por doquier, casi todos los muebles desparramados en el suelo: Almada estaba sentado en una silla del comedor. A su lado su pareja, la misma que había dado su consentimiento y había prometido que sería la garantía de que el hombre no se escaparía, se revolcaba de dolor con un cuchillo de cocina enterrado en su pecho.

En su versión de los hechos, Almada dijo que minutos antes unos hombres habían ingresado a su domicilio para agredirlos y los reconoció como familiares de su mujer. No explicó ni dio detalles de porqué esa situación extraña derivó en el apuñalamiento de la mujer que había puesto su firma para que quedara en domiciliaria. Los investigadores creen que miente.

Lo cierto es que ahora Almada quedó nuevamente detenido y su esposa pelea por su vida en un hospital.

Mientras tanto, insólitamente, el juicio por el asesinato de Mariela Costen sigue sin tener una fecha cierta. Los pedidos de justicia y reclamos en los tribunales de los familiares de la víctima siguen adelante pero hace pocos días sufrieron un golpe duro. Esther Sagradini, la mamá de Mariela, murió de un ACV.

"Mi mamá no tenía ninguna enfermedad previa. Esto sucedió luego de la mala sangre y el disgusto que le dio saber que los asesinos de su hija se iban a la casa. Se murió de tristeza. Estos jueces son tan asesinos como los que apretaron el gatillo", dice a este medio Silvina, la hermana de Mariela.