Ordenan a organismo reincorporar a empleada desplazada y capacitarse en género

La jueza laboral de Gualeguay, Mónica María Terraza, hizo lugar a una demanda por violencia en el ámbito laboral presentada por una empleada de la delegación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que fue trasladada de funciones y a quien se le habría quitado la titularidad del cargo de responsable en la obra social. Además, ordenó a los funcionarios de Iosper, entre ellos su presidente, Fernando Cañete, a realizar una capacitación en género costeada con sus propios recursos.

La denunciante, A.M., inició la demanda el 17 de diciembre de 2021, asistida por los abogados Maite Churruarín y Damián Ibarra, y promovió demanda por violencia laboral contra funcionarios del Iosper, entre ellos su presidente, Fernando Cañete. Pidió “el cese de los actos de violencia contra su persona, prohibición de acercamiento y de acuerdo al informe médico a expedirse por el equipo técnico interdisciplinario, en el caso que se considere la posibilidad de reincorporarse a trabajar en los tiempos adecuados a su estado de salud, solicitando que se le asigne como lugar de trabajo la mini sede del Hospital San Antonio, donde en principio considera estaría resguardada su salud por cuanto las personas que han ejercido y ejercen violencia en su contra”.

Al iniciar la acción judicial, la trabajadora relató que es empleada de planta permanente de Iosper desde 2000 y que en 2015 fue designada jefa de la delegación Iosper en Gualeguay al haberse jubilado quien ocupaba esa función.

La situación cambió, dijo, a mediados de 2017 cuando ingresó a trabajar a la delegación Gualeguay de Iosper una abogada, de nombre GCI, quien luego ocuparía su lugar en la jefatura.

Señaló que esa letrada, con “respaldo político”, fue corriéndola de su función hasta quedarse con su lugar. En su presentación judicial, la mujer sostuvo que “poco a poco se le fue relegando tareas y buscando los medios para anularla”. Todo siguió más o menos así hasta que el 11 de diciembre de 2019 cuando funcionarios de la casa central de Iosper viajaron hasta Gualeguay, mantuvieron una reunión a solas con ella y la notificaron de “su destitución en el cargo y la notificaron en el mismo acto de la designación de quien sería su reemplazante, la Dra. G. I.”.

“Calificó de atropelladora y moralmente violenta la forma y refirió que en la oportunidad tomó conocimiento que arbitrariamente, aduciendo la ´necesidad de reubicación del personal del Instituto´ y que el presidente de Iosper había resuelto que se le retiraba el cargo de Jefa de Delegación, para asignárselo a una compañera, quien no tenía más de dos años y algunos meses de trabajo en la referida dependencia”, dice el escrito que firmó la jueza laboral de Gualeguay.
El descargo de Iosper

El Iosper, a través de su representante legal, Ezequiel Jerónimo Poncio, pidió la excusación de la magistrada para entender en la causa. A través de una presentación efectuada el 1° de febrero de 2022, el Iosper pidió la nulidad de las medidas resueltas por la jueza y plantearon “la incompetencia por considerar que no estamos ante un caso de violencia de género sino de una cuestión propia del fuero laboral, entendiendo esencialmente que el caso ha sido erróneamente encuadrado en el marco de la Ley 26485 de Violencia contra la Mujer”.

Desde la obra social resaltaron que “no surge de la demanda que los hechos denunciados y las conductas que supuestamente se les endilgan tengan su fundamento en el género de la denunciante, sino que, según la denunciante lo expresa se habría fundado en la intención de darle a la Dra. I. su puesto laboral para que así juntamente con la Sra. C. pudieran decidir libremente y según sus propios criterios sobre los destinos de la Delegación del Iopser de Gualeguay, cuestiones que considera propias del devenir laboral, pero alejadas del móvil propio de la violencia contra la mujer”.