Cocaína, Estado y política

El triste episodio ocurrido en esta semana exhibe una vez más la falta de un Estado eficiente y certero a la hora de combatir este flagelo social. Sin lugar a dudas, a la pasividad de los funcionarios a cargo, se le suma la falta de herramientas políticas para llevar adelante tareas de regulación y control.

La cocaína es una de las sustancias que más demanda provoca en las guardias de los hospitales, junto al alcohol y los medicamentos recetados. Su capacidad de daño relativa total es menor a la del alcohol pero considerable en comparación a otras sustancias. Según la ONU, en el mundo se producen unas 800 toneladas de cocaína pura al año. En Argentina, la sustancia fue identificada por primera vez en época de Yrigoyen, más precisamente 1918, cuando la Policía alertó sobre un “avasallante consumo de cocaína” importada de París. En 1937 –y desde una posición llamativa y bastante avanzada para la época–, la Policía reclamó que se brindara asistencia adecuada en los hospitales para los consumidores repentinamente privados de la droga al ser capturados sus proveedores. A partir de entonces, el consumo creció y creció.

En los últimos años, Argentina pasó a producir cocaína en su propio territorio en lugar de sólo importarla. Las cocinas clandestinas se multiplicaron y los consumidores también. Pero la adulteración no es una práctica nueva. Es, de hecho, casi imposible encontrar cocaína pura en el mercado. Se la suele adulterar con almidón, anfetaminas o cualquier otro producto de aspecto similar, para obtener mayor volumen y hacer el negocio más rentable. Entonces, ¿qué tenemos? Un mercado enorme, no regulado, en manos de mafias, donde el Estado no puede participar ni velar por la salud de los consumidores. 

En ese contexto, tragedias como la de días atrás son más probables, ya que no hay herramientas para controlar la calidad de los productos que circulan y se consumen. ¿Esto significa que hay que legalizar la cocaína? Por lo menos, despenalizarla y regularla. Eso no quiere decir que haya que promover el uso, que te tenga que caer bien el uso o que haya que dejar de perseguir el mercado ilegal, particularmente del lado de la oferta. Quiere decir que la prioridad es cuidar a las personas. Las sustancias ilegales tienden a estar adulteradas, precisamente, porque no hay un marco de control sobre ellas. En The Paradox of Prohibition (1993), el Dr. John Marks describe cómo la oferta, la demanda y los daños de las sustancias psicoactivas pueden ser minimizados a través de la implementación de un enfoque a mitad de camino entre los extremos de la “legalización” y la “prohibición”. Mientras tanto, cualquier mensaje que esté dirigido a cuidar a los consumidores en vez de a alimentar el discurso es bienvenido. (Fuente: El Gato y La Caja, comunidad científica integrada por múltiples especialistas de distintas ramas).

Un Estado inerte con capacidades políticas nulas para resolver esta situación desemboca en la profundización de esta terrible contingencia social. Es tiempo de que los funcionarios decidan si van a ser cómplices o se van a encargar de desconectar toda la trama que posibilita el desarrollo de las drogas en nuestro país.

Ante la falta de políticas públicas y regulación estatal, el problema continuará. Si no se toman las medidas necesarias, lejos se está de una solución