El ¿honorable? Poder Legislativo

El caso de Kueider no es menor. El senador estuvo involucrado en un escándalo al ser detenido intentando cruzar la frontera con más de 200.000 dólares en efectivo, dinero cuyo origen no pudo justificar y que, además, no estaba debidamente declarado. Este hecho, sumado a la falta de explicaciones convincentes por parte del legislador, ha generado un fuerte cuestionamiento tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, la continuidad de Kueider en su banca ha sido sostenida por un acuerdo tácito con LLA, bajo el argumento de evitar que su eventual reemplazo perjudique los equilibrios políticos en el Senado.  
Desde la óptica de La Libertad Avanza, la maniobra responde a la lógica de la “realpolitik”, una estrategia que prioriza los objetivos políticos inmediatos por sobre las consideraciones éticas o ideológicas. El razonamiento es simple: en un Senado fragmentado, cada voto cuenta, y la permanencia de Kueider garantiza una alianza coyuntural que podría ser clave en votaciones futuras. No obstante, esta estrategia expone a LLA a duras críticas por su aparente contradicción. Un espacio que se presenta como abanderado de la ética, la transparencia y la lucha contra la “casta política” parece estar validando las mismas prácticas que promete erradicar.  

La degradación de las instituciones democráticas.

El sostenimiento de Kueider en su banca no solo revela las contradicciones de LLA, sino que también degrada la calidad de las instituciones democráticas. Al permitir que un senador bajo sospecha de actividades ilícitas conserve su lugar, se envía un mensaje preocupante: los intereses partidarios están por encima de la rendición de cuentas y la transparencia. En un sistema republicano, la confianza pública en las instituciones es fundamental. Actitudes como esta no solo erosionan esa confianza, sino que también consolidan la percepción de que las reglas no se aplican de manera equitativa.  
La política argentina tiene una larga tradición de acuerdos pragmáticos y arreglos de conveniencia, pero cuando estas prácticas se normalizan al punto de justificar la permanencia de legisladores implicados en actos cuestionables, el costo democrático es alto. Se mina la legitimidad de las instituciones y se refuerza la idea de que el poder está reservado para una élite que opera con reglas propias.  

El desafío de la ciudadanía.  

La ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente ante estas maniobras. El fortalecimiento de la democracia exige una vigilancia activa y un compromiso decidido contra la normalización de la corrupción y el oportunismo político. Si los representantes políticos priorizan sus intereses coyunturales por encima del bienestar común y la ética, es la sociedad la que debe alzar la voz y exigir rendición de cuentas.  
En este sentido, la presión ciudadana puede y debe convertirse en un factor determinante para corregir estas prácticas. Las instituciones democráticas no se fortalecen por decreto, sino a través de una ciudadanía activa que exija un comportamiento ético a sus representantes y que esté dispuesta a penalizar, a través del voto, a quienes perpetúen las lógicas del abuso y la impunidad.  

El caso de Edgardo Kueider y el respaldo de La Libertad Avanza a su permanencia en el Senado son un recordatorio de los riesgos que implica la “realpolitik” cuando no está sujeta a límites éticos claros. El pragmatismo político puede ser una herramienta valiosa para construir consensos y avanzar en reformas necesarias, pero cuando se utiliza para justificar maniobras que socavan la transparencia y la rendición de cuentas, se transforma en un arma de doble filo que degrada la democracia.  
Es responsabilidad de todos —partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía— evitar que estos episodios se conviertan en norma. La política no puede reducirse a un juego de intereses a corto plazo; debe ser, ante todo, una herramienta para construir un país más justo, transparente y democrático. En ese camino, no hay lugar para quienes, con dinero sin declarar o maniobras de conveniencia, debilitan la confianza en las instituciones.  

Julián Lazo Stegeman