La restricción al acceso a la información pública: de liberal, nada

El acceso a la información pública se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en las democracias modernas, funcionando como una herramienta clave para garantizar la transparencia en la gestión estatal y fortalecer el control ciudadano sobre el poder político. Este derecho, de carácter liberal, tiene sus raíces en la libertad de expresión, la transparencia y la lucha contra los abusos de poder, principios que son esenciales para cualquier sociedad que busque mantener un equilibrio saludable entre el Estado y sus ciudadanos.

En una democracia, la libertad de expresión es un derecho inalienable. Sin embargo, para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho de manera efectiva, necesita tener acceso a información veraz y completa sobre lo que ocurre en los organismos del Estado. El acceso a la información pública, por tanto, no solo garantiza el derecho de la gente a saber lo que hace su gobierno, sino que también habilita una participación informada en el debate público. En ausencia de datos accesibles y precisos, la libertad de expresión carecería de sustancia ya que no habría una base sólida sobre la cual construir opiniones críticas o analizar las decisiones de los gobernantes.

Además, este acceso es un mecanismo de control del poder. Al permitir a los ciudadanos y a la sociedad civil monitorear las acciones de los administradores del Estado, se promueve la rendición de cuentas y se dificulta que los funcionarios actúen de manera discrecional o arbitraria. La transparencia se convierte en una barrera frente a la corrupción y los manejos indebidos, reduciendo el espacio para que los gobernantes actúen en beneficio propio o de manera autoritaria. En este sentido, la información pública es la herramienta más poderosa para equilibrar la relación entre gobernantes y ciudadanos, generando un entorno de mayor confianza y legitimidad en la gestión estatal.

El empoderamiento que logra el individuo a través del acceso a la información pública es también una de las características que refuerzan su carácter liberal. Al brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a datos relevantes, la ley nivela las diferencias entre el Estado y la sociedad civil, permitiendo una mayor igualdad en la distribución del conocimiento. Esto, a su vez, fortalece la capacidad de los individuos y organizaciones para cuestionar, evaluar e incluso a colaborar con las políticas públicas. En las democracias liberales, la ciudadanía no es un sujeto pasivo, sino un actor activo en la construcción de la vida pública, y para ello es indispensable que pueda acceder a la información de manera libre y transparente.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es su capacidad para prevenir que el Estado avasalle los derechos de los ciudadanos. Al exigir que los organismos públicos proporcionen información cuando se les solicita, la ley establece límites claros al poder estatal, dificultando la posibilidad de abusos o prácticas autoritarias. La opacidad, en cambio, es el terreno fértil para los atropellos a las libertades individuales. Sin una ley que obligue a las instituciones públicas a rendir cuentas, los ciudadanos quedarían en una situación de vulnerabilidad frente a un Estado que podría operar sin control, utilizando el secretismo como herramienta de manipulación o coerción.

La ley de acceso a la información pública limita el poder discrecional del Estado al obligar a los funcionarios a justificar sus decisiones y hacer transparente su gestión. Esto no solo evita que las decisiones se tomen sin rendir cuentas, sino que también reduce el riesgo de que el gobierno actúe en contra de los intereses de la ciudadanía. El control ciudadano se convierte en una defensa activa contra las prácticas opacas que pudieran perjudicar el bienestar general o favorecer a sectores particulares.

Otra función crucial de esta normativa es el fortalecimiento del estado de derecho. Al brindar la posibilidad de acceder a información sobre las acciones del Estado, la ley refuerza el marco legal bajo el cual operan las instituciones, ya que cualquier acto que viole los principios democráticos puede ser expuesto y eventualmente impugnado. De esta forma, se garantiza que el Estado no opere al margen de la ley y que cualquier acto de abuso o corrupción pueda ser detectado a tiempo, ofreciendo a la sociedad herramientas para exigir justicia.

Un ejemplo claro de esta relación entre acceso a la información pública y protección de derechos lo encontramos en situaciones en las que los ciudadanos sufren violaciones a sus derechos fundamentales. El acceso a datos públicos puede ser esencial para reunir pruebas que permitan denunciar estas violaciones y buscar reparación. Así, el acceso a la información pública no solo es un derecho en sí mismo, sino también un medio para defender otros derechos, que de otro modo quedarían desprotegidos frente a un Estado que podría operar con impunidad.

En términos prácticos, la ley también desempeña un papel importante en la gestión de los recursos públicos. Al brindar a la ciudadanía la posibilidad de acceder a información sobre presupuestos, contrataciones y políticas, se promueve una mayor responsabilidad en la administración del Estado. Los ciudadanos pueden exigir que los recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la sociedad, evitando el mal uso de los fondos públicos. Este control es esencial en la lucha contra la corrupción ya que permite exponer prácticas indebidas y reducir la discrecionalidad con la que algunos funcionarios podrían manejar los bienes públicos.

En conclusión, el acceso a la información pública es una de las herramientas más poderosas para proteger y fortalecer las democracias modernas. No solo promueve la libertad de expresión y el control ciudadano sobre el poder político, sino que también actúa como un mecanismo de defensa frente a los abusos del Estado. La transparencia es la base de una gestión pública eficiente, ética y justa y es un derecho que empodera a la ciudadanía, evita el avasallamiento de sus derechos y contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Sin acceso a la información pública, el Estado podría operar en la oscuridad, poniendo en peligro las libertades individuales y debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Por eso, esta ley no solo es una garantía de transparencia, sino también una herramienta indispensable para preservar la justicia y la equidad en la vida pública.

Julián Lazo Stegeman