Memoria y Justicia: Un Compromiso que los funcionarios públicos deben respetar.

Dada la magnitud negativa de esta noticia, que implica la visita de legisladores elegidos democráticamente a condenados por delitos de lesa humanidad,  es oportuno desarrollar un par de puntos y reflexiones con respecto a esta cuestión. 

La historia argentina, marcada por profundas heridas y cicatrices, ha sido un terreno fértil para la lucha por la memoria y la justicia. En este contexto, los delitos de lesa humanidad, el Juicio a las Juntas y la posterior anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son pilares fundamentales en el esfuerzo por mantener viva la memoria colectiva y garantizar que la verdad democrática y republicana prevalezca.

Durante la última dictadura militar (1976-1983), Argentina vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia. La Junta Militar implementó un plan sistemático de represión que incluyó el secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada de miles de personas que en muchos casos ni siquiera tenían nada que ver con la “subversión” que decían combatir. Estos crímenes, cometidos de manera deliberada y organizada, no fueron simples excesos del poder, sino que constituyeron verdaderos delitos de lesa humanidad, ya que formaron parte de un ataque generalizado contra la población civil.

El término "delito de lesa humanidad” no es simplemente una categoría jurídica; es una declaración moral que coloca a estas atrocidades en un nivel de gravedad tan alto que trasciende fronteras y tiempos. La humanidad, en su conjunto, se ve ofendida por estos crímenes y por eso la comunidad internacional ha establecido que no prescriben. La imprescriptibilidad es un recordatorio permanente de que el olvido no es una opción.

En 1985, Argentina marcó un hito en la historia global de los derechos humanos con el Juicio a las Juntas. Este proceso, llevado a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un acto de coraje y compromiso con la democracia. Por primera vez en América Latina, los responsables directos de un régimen dictatorial fueron llevados ante la justicia. Las audiencias, transmitidas por televisión, permitieron que el país entero escuchara los testimonios de las víctimas y sus familiares, poniendo en palabras lo que hasta entonces había sido silenciado por el terror. El Juicio a las Juntas condenó a varios de los líderes militares por sus crímenes de lesa humanidad. Estas condenas no solo trajeron algo de alivio a las víctimas y sus familias, sino que también enviaron un mensaje claro: la impunidad no sería tolerada.

Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue lineal. En 1986 y 1987, bajo la presión de sectores militares, se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estas leyes representaron un retroceso significativo en la búsqueda de justicia ya que limitaron la posibilidad de procesar a quienes habían cometido crímenes durante la dictadura. La Ley de Punto Final establecía un límite de tiempo para presentar denuncias contra los represores, mientras que la Ley de Obediencia Debida eximía de responsabilidad a los subordinados que actuaron bajo órdenes superiores. Estas leyes no solo reforzaron la impunidad, sino que también provocaron una profunda herida en la sociedad argentina, que veía cómo la justicia nuevamente le daba la espalda a las víctimas.

No obstante, la lucha por la memoria y la justicia nunca se detuvo. Organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron exigiendo la verdad sobre el paradero de los desaparecidos y la identidad de los niños nacidos en cautiverio. Su persistencia y la presión de la sociedad civil finalmente dieron sus frutos. A comienzos de la década de 2000, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se produjo un cambio radical: el Congreso Nacional anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la Corte Suprema de Justicia declaró su inconstitucionalidad. Esto permitió la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad y, desde entonces, cientos de represores han sido condenados.

Un ejemplo emblemático de esta lucha por la justicia es el caso de Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”. Astiz, quien operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue responsable de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, incluyendo los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. A pesar de que no fue juzgado en el Juicio a las Juntas, Astiz fue condenado a prisión perpetua en 2011 por delitos de lesa humanidad. Su condena tardía es un recordatorio de que la justicia, aunque demorada, llega, y de que la imprescriptibilidad de estos crímenes es una garantía contra la impunidad.

La importancia de la memoria en este proceso no puede subestimarse. Recordar es un acto de resistencia, una forma de evitar que los crímenes del pasado se repitan. La memoria colectiva es un terreno donde se construyen los valores de una sociedad que aspira a la justicia y a la paz. En Argentina, la memoria ha sido la base sobre la cual se edificó la lucha por los derechos humanos y se forjó un compromiso con la verdad y la justicia. La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue, en muchos sentidos, una victoria de la memoria sobre el olvido, una reafirmación de que el país no estaba dispuesto a dar vuelta la página sin antes leerla, comprenderla y juzgarla.

Hoy, a poco más de cuatro décadas del retorno de la democracia, Argentina sigue siendo un ejemplo en la lucha contra la impunidad. Los juicios por delitos de lesa humanidad continúan y la sociedad mantiene viva la memoria de aquellos años oscuros. Esto no solo es un tributo a las víctimas y sus familias, sino también un compromiso con las futuras generaciones. Recordar es un acto de justicia. Y la justicia, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, no es solo una cuestión legal, sino una obligación moral. Es la garantía de que la historia, con todas sus sombras, se mantendrá viva para que nunca más se repitan los horrores del pasado.

Julián Lazo Stegeman