Razón Crítica
Represión estatal durante la pandemia
Los medios de juegan un papel fundamental en la educación de la opinión pública, la generación de información fidedigna y el fortalecimiento de la cohesión social.
La teoría de la democracia se sustenta sobre la idea de que una democracia saludable requiere una opinión pública bien formada (Fuente: www.gobernanza.es). Para fomentar este rol social, existen muchos pasos a seguir. Uno de ellos es informar al respecto de ciertas temáticas que beneficien el andar y el desarrollo de la ciudadanía durante los momentos de turbulencia en la sociedad.
En este sentido, la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 ha llevado a los diferentes Estados Nacionales a tomar ciertas medidas para enfrentar el virus. Muchas de ellas, lamentablemente, presentan efectos colaterales sobre diversos derechos fundamentales de las personas. Entonces, en pos de cumplir con una función social responsable, es pertinente que los medios de comunicación desanden y denuncien un asunto que genera mucha preocupación en el cotidiano nacional: los hechos represivos en lo que va de la pandemia.
En un excelente informe realizado por la CORREPI ( Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) y actualizado hasta el nueve de agosto del presente año (y que continuará actualizándose hacia el futuro) sobre hechos de represión llevados adelante por fuerzas estatales, se plantea lo siguiente: "El casi centenar de reportes y notas publicadas desde el 20 de marzo pasado con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios, muestran claramente cuál ha sido, hasta donde sabemos, el resultado concreto de la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. El saldo más duro, sin dudas, es el de las muertes que esa política de estado generó. El gatillo fácil no disminuyó, a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Desde el 10 de diciembre registramos 56 casos, pero 33 de ellos ocurrieron a partir de la vigencia del ASPO.
El incremento exponencial de las detenciones arbitrarias se tradujo en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales, que llegó a un total de 40 en pandemia, notable incremento si consideramos que en total desde el 10 de diciembre pasado son 68 los casos registrados...
En esta pandemia se destacan tres desapariciones forzadas (Luis Armando Espinoza, Francisco Valentín Cruz y Facundo Astudillo Castro). Los cuerpos de los dos primeros, asesinados tras la detención policial arbitraria, ya fueron encontrados, mientras que seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo. Va de suyo quién gana y quién pierde, si frente a 31 muertes de personas desarmadas causadas por miembros de fuerzas federales, el ministerio de Seguridad del que dependen nos informa que hay apenas 10 acciones disciplinarias iniciadas y 6 resoluciones de disponibilidad.
Párrafo aparte merece la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro de Seguridad, Sergio Berni, debe dar cuenta de 38 muertes desde el 20 de marzo a manos de la policía bonaerense (24 gatillo fácil, tres muertes en comisarías, un femicidio, dos femicidios relacionados, un asesinato intrafuerza, dos consecuencia de otros delitos policiales, dos desapariciones forzadas, y tres con el uso del patrullero como arma), y de siete muertes por responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo mismo sucede con la Ciudad de Buenos Aires, cuya “nueva” Policía de la Ciudad sigue batiendo récords, con 14 fusilamientos de gatillo fácil desde el 10 diciembre de 2019, la mitad de ellos durante el ASPO".
Los derechos humanos fundamentales de las personas no deben claudicar bajo ningún pretexto. Es cierto que los Gobiernos deben actuar ante esta pandemia. No obstante, nada justifica que se perjudique la vida y la dignidad de las personas mediante la represión estatal.
