Arancelados y monotributistas del Hospital San Antonio reclaman mejoras salariales

La crisis económica pega con fuerza en el sector de la salud. Cabe recordar que dentro del ajuste fiscal celebrado por el Gobierno Nacional, se encuentran las transferencias a las provincias, un ítem muy amplio que incluye el FONID, que iba directo al bolsillo de los docentes, y el cofinanciamiento de centros de salud como el Hospital Garrahan. Dentro de ese marco, trabajadores arancelados y monotributistas del Hospital San Antonio se encuentran llevando adelante un reclamo para que se atienda a su situación laboral. 

“Queremos llegar al salario mínimo”

Dialogamos con Lucía, una de las trabajadoras del Hospital San Antonio que se encuentra en esta situación, para conocer la opinión del sector y cómo sigue el conflicto: “El reclamo es por un salario digno, porque estamos ganando 160.000 pesos. Queremos llegar al salario mínimo vital y móvil que es de 235.000 pesos, que tampoco alcanza hoy en día para una familia como para sobrevivir. Pero por lo menos de 160.000 a 235.000 ya tiene otra cara. Y necesitamos que con el tiempo nos vayan aumentando también, como a los titulares les va llegando su aumento también. A su vez, estamos pidiendo que se generen contratos, que la Provincia solucione este tema. de una vez por todas, porque somos empleados. En mi caso llevo seis años en esta situación y tengo compañeras desde hace siete, y hasta nueve años que están trabajando en negro”, remarcó. 

“Esto ya no da para más” 

También expresó su descontento con ciertas negociaciones recientes: “Nosotros habíamos conseguido con el otro directivo el medio aguinaldo y este director nos sacó ese beneficio, no lo quiere pagar. También nos sacó el beneficio de la ayuda escolar que habíamos conseguido con el otro director. Él nos llamó a una reunión a dos o tres compañeros, y nos ofreció 20.000 pesos y lo rechazamos. Nos ofreció esa suma sin goce de aguinaldo y sin aumento a futuro, o sea que es prácticamente nada, porque 20.000 pesos es un chiste”, se lamentó. La situación se ha tensado: “Necesitamos aumentos porque esto ya no da para más. Ninguno de nosotros queremos dejar nuestro trabajo. No nos pueden decir ‘al que no le gusta que se vaya o que busque otra cosa’. Hoy en día es re complicado conseguir otro trabajo, no lo queremos dejar. De mi parte yo no quiero dejar mi lugar de trabajo porque a mí me gusta lo que hago, pero hoy en día se complica, y se complica también a veces tener otro trabajo porque son horarios rotativos los que nosotros hacemos. A su vez, este nuevo director nos descuenta certificados, así que nosotros no tenemos derecho a enfermarnos. Si nosotros nos enfermamos y presentamos un certificado nos descuenta. Ese es otro tema. Imaginen que se enferma alguien 15 días y que le descuenten esos 15 días. No le queda ni sueldo directamente. 

Se reúnen este viernes 

Lucía cerró explicando los pasos a seguir: Vamos a esperar una solución o qué es lo que nos van a decir. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con la asamblea. Nos notificaron de una reunión que tenemos con el directivo el viernes a las 9 y media de la mañana. También vamos a tratar de invitar a los medios para que nos esperen afuera y poder comunicar qué es lo que nos dicen. Por el momento, seguimos todos acá con la asamblea”, finalizó. 

Un poco de historia 

Cabe recordar que en la Reforma del Estado de los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, las provincias fueron asumiendo más funciones, pero no recibieron a cambio las herramientas recaudatorias adecuadas para sostenerlas. Ese ha sido el motivo de conflicto entre la nación y las provincias desde entonces. Antes de las transferencias de las escuelas y los hospitales, las provincias recaudaban casi lo mismo que gastaban. Hoy, en promedio, recaudan sólo el treinta por ciento de lo que necesitan (el resto proviene de transferencias nacionales y deuda). La descentralización de la salud pública implicó transferir los hospitales públicos nacionales a la jurisdicción de las provincias y/o municipios. Eso llevó a un deterioro tanto de la educación como de la salud pública por efecto de la merma presupuestaria. 

El problema de los fondos de las obras sociales 

Cabe destacar, a su vez, que la recaudación que realiza el Hospital San Antonio de parte de las obras sociales una parte se destina a la Provincia, otra parte se destina a los trabajadores de planta y una tercera parte se destina al Directorio del Hospital que puede realizar contrataciones con ese dinero. También se debe señalar que este sistema de aranceles y monotributistas que se encuentran llevando adelante el reclamo es igual de precario en todos los hospitales de la provincia. En algún momento, también se hicieron contrataciones en Gualeguay a través de a cooperadora del hospital, pero eso ha sido dejado sin efecto. 

Las nuevas medidas que se tomaron a nivel nacional en este sentido también pueden afectar la recaudación. Por un lado, con las decenas de miles de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses, tanto en el sector privado como en el público que ya no aportarán cada vez que reciban una prestación en un centro de salud pública. Por el otro lado, con nuevas medidas desregulatorias. Hasta ahora, los hospitales que atendían a afiliados de obras sociales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El decreto 172 del presidente Javier Milei dejó sin efecto esa medida. Lo firmó bajo el argumento de que “no se cumplieron eficazmente los objetivos” de una resolución de 2021, por la que se aprobó el procedimiento para el recupero de las prestaciones brindadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), tendiente a facilitar el pago de tales prestaciones. 

Aunque en los hechos el sistema tenía evidentes problemas operativos, en teoría era una garantía de cobro para los hospitales. Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, explicó que -hasta ahora- “si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos”. Ahora, el Decreto habilita a las obras sociales a celebrar convenios con los hospitales, “tendientes a establecer el mecanismo para implementar el pago de las prestaciones, ya sea a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente o en forma individual”. Desde las prepagas celebraron la medida, y desde los sectores vinculados a la salud pública alertaron sobre el déficit que puede provocar.