NOTA CLARA
Conflicto Docente: conciliación obligatoria
En la semana estuvimos dialogando con la dirigencia gremial que representa y hace oír el reclamo de los maestros, incluidos los autoconvocados (realizaron otra presencia callejera caminando frente a los principales edificios escolares). El escenario cambió; surgió la figura de la conciliación obligatoria (20 días hábiles donde la jueza María A. Abud debe mediar). Se retrotraen las medidas de fuerza desde los gremios y se obliga a una instancia nueva de negociación (¿debe el gobierno de Frigerio mejorar la oferta?) Una vez dispuesta la conciliación obligatoria, habló la presidente del CGE, Alicia Fregonese, quien pidió: “Seguir dialogando, pero con los chicos en las escuelas”. La misma se refirió a que “tenemos un plan para educación, pero sucederá con los alumnos, los docentes y los directivos en las escuelas, trabajando para que nuestros entrerrianos tengan un futuro”.
Marina Ramos, delegada local AMET
En AMET estuvimos con la delegada local, Marina Ramos, que no se apartó del comunicado de su gremio, señalando:“se ha recepcionado la notificación del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 4, a cargo de la Dra. María Alejandra Abud, determinándose la declaración de conciliación obligatoria al conflicto suscitado entre los gremios representantes de la docencia y el gobierno, debido a la falta de una propuesta de recomposición salarial dentro de la negociación paritaria administrativa que se venía desarrollando en el marco de la Secretaría de Trabajo, y que se había dado por fracasada”.
¿Era un escenario buscado por los tres gremios,AGMER, AMET y SADOP?
-Nosotros buscamos canalizar en la paritaria. Luego de los rechazos, el Gobierno se presentó a la justicia laboral, la AMET acatará la orden de la jueza y suspenderá las medidas determinadas para esta semana y la entrante en un marco de respeto por las instituciones, las autoridades y la Justicia.
¿Y si no se llega a buen puerto, transcurridos los 20 días hábiles?
-Aclaramos que una vez transcurrido el tiempo determinado por la Ley 9624 para la conciliación obligatoria, y de no encontrarse en ese marco legal una respuesta concreta y justa, continuaremos en busca de la reivindicación de nuestro salario; las medidas de acción que se suspenden por esta orden judicial, las retomaremos y las ejecutaremos.
-La AMET señaló en el comunicado que: “Es urgente y necesaria para destrabar este conflicto una propuesta que contemple una recomposición salarial acorde a la tarea de los maestros y profesores. Que nos permita vivir en un marco de dignidad ejerciendo la profesión y creyendo en este proyecto de trabajo y vida que es la docencia”. También queremos expresar la enorme frustración que produce concurrir a una convocatoria de una paritaria salarial en busca de una recomposición que al menos empate a la inflación, pero que finalmente cuando vas al cajero automático te encuentres con un salario que es inferior al del mes anterior.
La propia delegada Ramos agregó: “Por decreto se va abonar una propuesta rechazada por muchos ítems y cuestionamientos, pero desde enero a junio los docentes lamentablemente hemos perdido dinero; en vez de mejorar nuestros salarios, hemos retrocedido.
- Estamos en espiral de caída de salarios, la quita del FONID y la Conectividad, el aumento del descuento de un 3% para la Caja de Jubilaciones, y el 19,5% adeudado en el primer semestre de este año entre la inflación y la recomposición otorgada (aún en veremos), sumados a una devaluación del 118% en diciembre del 2023, se constituyen en eslabones de una misma cadena y así nos encontramos ante esta cruel realidad, en vez de mejorar o al menos mantener el poder adquisitivo del salario de los maestros y profesores, se ha profundizado su caída”.
Fabián Peccín,vocal AGMERyprosecretario gremial CTERA
-Cada escuela lucha junto a la comunidad.
-La educación pública como derecho social y humano, no es en nuestro país un emprendimiento económico para lucrar desde la actividad privada ni desde el Estado.
-Este derecho está garantizado en la Ley de Educación Nacional y refrendado por cada ley provincial de educación existente. Esta determinación ha sido producto de la voluntad del pueblo, delegada a sus legisladores en momentos claves de la historia de la educación argentina, entendida como un derecho social y humano, un bien común para todos sus habitantes como versa en el Preámbulo de la Constitución Argentina o ley de leyes.
-Es extremadamente grave para el pueblo que estos principios consagrados se violenten con decisiones a medida de intereses económicos del poder real empresarial y fáctico, que agita el desprendimiento de este bien público, para que no sea prioridad del Estado y pase a la órbita privada en el corto, mediano o largo plazo en nuestro país. Es acá donde debemos poner el freno a los cantos de sirenas que nos pretenden llevar para desanimarnos, demonizando a la educación pública, a sus alumnos, a los docentes, a los contenidos, a las estrategias y sobretodo al desarrollo intelectual que promueve la escuela a través del análisis crítico en el aprendizaje. No es mera quimera el hecho de reivindicar viejos métodos de enseñanza para reducir al mecanicismo para aprender, repitiendo y sin analizar. Correr el eje de la gestión para ejecutar acciones desconociendo la Ley de Educación es la constante de este gobierno nacional y provincial que, por inacción y omisión, se hace el distraído sin levantar la voz para defender el Estado Entrerriano, su gente, sus leyes, y los derechos económicos y financieros coparticipables. Desconocer la Ley de Financiamiento Educativo que complementa a la Ley de Educación en términos económicos para su ejecución del PBI es al menos un error estratégico; pero claramente contrario a lo establecido y que este gobierno soslaya por compromisos contraídos negando recursos para educación.
-Esos recursos que no llegan, estando garantizados por ley, son parte del salario docente como lo es el Incentivo y la Conectividad, formación continua y en ejercicio, programas específicos para la formación complementaria en educación secundaria, provisión de material didáctico para docentes y alumnos, copa de leche, infraestructura; para construcción, ampliación y reparación de escuelas, creación de cargos y nuevos puestos de trabajo. Todo esto está ausente y avalado por esta gestión. Por lo tanto, no pueden desconocer que a la crisis la han generado desde esta gestión nacional y provincial. Los recursos recortados son la consecuencia para el conflicto salarial que hoy nos atraviesa.
-Estamos transitando una imposición salarial, también a nivel nacional, dónde la paritaria fue clausurada por decreto con salarios de miseria, que fueron rechazados por CTERA y que mantiene a los docentes en la línea de pobreza; estableciendo el secretario de Educación Nacional, por resolución, un salario inicial, a partir de abril, de $380.000, en junio de $400.000 y en julio de $420.000.
-Está claro que si nos quieren tener a los docentes con salarios degradados y con un poder adquisitivo dinamitado, el conflicto seguirá como hasta ahora.
-En la Provincia, el dictado de la Conciliación prevista en la Ley de Paritarias es una medida que obliga a las partes a sentarse a negociar y que apegados al derecho, acatamos en claro cumplimiento judicial del juzgado laboral interviniente.
-Es de esperar que en estas instancias de 20 días hábiles se procede a construir la mejor propuesta salarial atendiendo las dificultades alimenticias de las y los trabajadores de la educación en momentos de inflación permanente y que brinde previsibilidad a futuro para no quedar nuevamente con un salario desactualizado.
-Es la oportunidad delgobernador Frigerio para resolver, con voluntad política y prioridades financieras, en dónde se debe focalizar desde el actual gobierno para enaltecer a la educación, como lo propagó con el latiguillo proselitista, a través de los distintos spots, que vimos a lo largo de la campaña electoral.
-Hemos rechazado la decisión unilateral y anunciada en ronda de prensa del pago por decreto del 5% para todo el sector activo con corrimiento a los jubilados, más un bono de $ 40.000 hasta enero. Sin aportes de ley, sin portes a la Caja de jubilaciones y sin aportes a la Obra Social; es decir, NO A LOS JUBILADOS.
-Es vergonzoso que, ante una inflación estrepitosa, estemos corriendo detrás y quedando alejados cada vez más de poder recuperar lo perdido en términos de poder adquisitivo y rebaja salarial, sin incentivo docente, ni conectividad y a la vez un aumento del 3 % -del 16 %al 19 %- en nuestros aportes jubilatorios.
-Para poder sentarnos en la negociación, el primer punto es la suspensión de las medidas. Esas medidas también deben ser extendidas a la patronal para que se abstenga de proceder a los descuentos de días de huelga y así poder avanzar hacia un acuerdo.
-Exigimos también, como ya lo vienen planteando los distintos congresos de AGMER y con total coherencia, el recupero del desfasaje salarial del primer semestre entre la inflación acumulada y los aumentos obtenidos. Este porcentaje ronda el 18 % como forma de recuperación inmediata. También un porcentaje a cuenta de la inflación del mes en curso a percibir antes de conocerse la inflación del mes y no a la inversa como lo plantea el gobierno. Esta solución es la que debemos obtener dentro de estos 20 días de negociación o en el menor tiempo posible, pues la docencia entrerriana no puede sobrevivir con una propuesta de 5 % y un recupero sólo del salario inicial. Exigimos una recomposición que abarque a todo el escalafón docente y se jerarquice la carrera con los salarios proporcionales que corresponden.