Ley Micaela: el gobierno nacional disolvió el área encargada de su aplicación

La decisión de disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género tomada esta semana a través de un mensaje de WhatsApp implica una medida de parte del Poder Ejecutivo que retrocede treinta años en materia de Derechos Humanos. Desde el año 1992, durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, quien creó el Consejo Nacional de la Mujer después del femicidio de María Soledad Morales que el estado nacional no se quedaba sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas. 

Crónica de un cierre anunciado 

Si bien había sido un anuncio de campaña, el Gobierno decidió elegir la semana del 3J NiUnaMenos, para darle un marco acorde a su postura al respecto. La primera de las noticias llegó de parte de Capital Humano, el superministerio conducido por Sandra Pettovello, quien mediante los decretos de necesidad y urgencia 450 y 451/2024, se transfirió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona. La encargada de esa área, Claudia Barcia, presentó esta semana la renuncia y expresó: 

“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”.

Comunicado oficial 

En línea con el mandato del Presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transforme en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva.

Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas.

Como resultado de la auditoría interna del Ministerio, se detectó que en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea. Ello implicaba un sobre mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos. Dinero que al Estado argentino no le sobra.

Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia.

Qué implica esta medida 

Más allá de ciertas curiosidades del comunicado (como el olvido de la creación del área por parte del gobierno de Carlos Saúl Menem, por ejemplo), es importante hacer hincapié en lo que esta medida representa: 

En primer lugar, en la página oficial del gobierno (que todavía cuenta con el nombre de Claudia Barcia como Subsecretaria del Área) se informa sobre la línea144:  Brindamos atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911. El equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines, con capacitación y/o especialización en perspectiva de género.

Dicha línea según las últimas estadísticas recibe un promedio de 340 comunicaciones diarias. Casi la totalidad de quienes llaman son mujeres: 98 por ciento, según las estadísticas oficiales. En el 81 por ciento de los casos, el agresor es un varón (42 por ciento, la actual pareja y 39 por, ciento, el ex).

Derogación encubierta de la Ley Micaela 

Ya habíamos escrito en estas páginas que entre los postulados de la Ley Ómnibus se encontraba una derogación encubierta de la Ley Micaela, sancionada en 2018, reglamentada en 2019 y a la cual todas las provincias del territorio nacional se han adherido. Cabe recordar que el espíritu de la norma inspirada en el femicidio de Micaela García, ocurrido en nuestra ciudad, es la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. También es oportuno recordar que dicha falta de perspectiva se vio evidenciada cuando el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, decidió dejar en libertad al violador serial Sebastián Wagner en nuestra ciudad, pese a todos los informes desfavorables que pesaban en su contra. La modificación que el Ejecutivo propuso para la Ley Micaela es que sólo los organismos de género (que ahora disolvió) debían capacitarse en forma obligatoria en género y violencia. Con dicha modificación, el Juez Rossi no se vería en la obligación de capacitarse. Eso implica una derogación encubierta. Con la disolución del organismo, la derogación pasó de ser encubierta a efectiva. Las provincias y los municipios decidirán los pasos a seguir.   

Los números del 2024 

Entre enero y mayo de 2024 se registraron 137 muertes violentas contra mujeres y disidencias, y como consecuencia, un total de 78 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Ese total se desglosa en 132 femicidios, dos trans-travesticidios y tres lesbicidios (el resonante caso del ataque a cuatro mujeres en una pensión en Barracas). Cerca del 75% de los femicidas conocían a las víctimas: el 35% eran sus parejas, el 18,2% exparejas, 12.4% familiares, y 8.8% conocidos de las víctimas. Entre enero y mayo de este año, 102 víctimas de femicidios fueron asesinadas por varones conocidos, de los cuales, 73 tuvieron una relación con sus víctimas. El sesenta por ciento de los casos fueron cometidos con un arma. Cinco de los hechos ocurrieron en la provincia de Entre Ríos. Dentro de esta estadística no se incluye a Brenda Albarenga, de 33 años, asesinada por su ex pareja, Alan Domínguez, este viernes en la ciudad de Paraná.