Cómo afectarán a Gualeguay el DNU y la Ley Ómnibus

Mientras escribo estas líneas entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 presentado el 20 de diciembre por el Presidente de la Nación que consta de 83 páginas y 366 artículos. Ambas normas lo que plantean en la mayoría de sus artículos es eliminar las herramientas que tiene el Estado para intervenir en la vida social. Volviendo al DNU, el problema de su magnitud y la mezcla de temas que lo conforman es que este tipo de norma sólo puede ser aprobada o rechazada en su totalidad. Para que deje de tener validez debería ser rechazado por la Cámara de Diputados y Senadores. También puede ser anulado por la Corte Suprema de Justicia, ya que nuestro país, por ahora, cuenta con tres poderes que se controlan entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya veremos que la Ley Ómnibus pone eso en discusión. Volviendo al DNU señalamos un último detalle: todos los derechos adquiridos desde este momento, no podrán ser revertidos si termina siendo rechazado. Esto quiere decir que el daño que se pueda hacer en estos días no podrá ser subsanado posteriormente. 

Aspectos positivos 

Como dijimos más arriba, el problema del DNU es que es un paquete cerrado que sólo puede ser aprobado o rechazado en bloque. Decidimos comenzar esta nota por algunos ítems que consideramos rescatables para que quede claro que hay un trabajo de lectura y análisis detrás de este informe. 
 
- En su artículo 3 llama a dictar “todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales”. De todas maneras, el espíritu de toda la norma no parece ir en ese sentido. 
- Respecto al trabajo informal, la figura de trabajador independiente con colaboradores que se desarrolla desde el artículo 96, podría ser un camino para acercar a autónomos e informales a la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro que con toda la quita de derechos laborales que tiene la norma esto queda más que rengo. También  
- Las recetas electrónicas o digitales que se impulsan en el artículo 307 pueden ser un avance en materia de auditoría, reducción de fraudes, costos, y agilidad. Sin embargo, no están dadas las condiciones de acceso digital para llevarlo a cabo. 
- Las modificaciones del registro automotor se explican desde el artículo 351 en adelante, implican que se reducirán algunos costos como el impuesto de sellos, el Informe de Dominio, el certificado de libre deuda de multas, el de patentes, y la verificación policial.

Riesgos concretos 

Reiteramos que el DNU ya entró en vigencia, por lo tanto, todo lo que vamos a mencionar a continuación no es una campaña del miedo, sino legislación vigente. En su artículo 2do denominado desregulación queda claro el meollo de toda la discusión, cuando se plantea que se eliminará toda norma que impida “la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”. Se desconocen las posiciones dominantes y los monopolios que existen y que son penados en todos los países desarrollados, incluso en Estados Unidos. El Estado pretende dejar de ser árbitro y que el partido se juegue sin falta, ni amarilla, ni roja.

- Empezamos con las dos que pueden traer peores consecuencias para la vida del pueblo gualeyo en el corto plazo. El DNU plantea la derogación (eliminación) de la Ley de Abastecimiento y de Góndolas. La primera de ellas habilita al Estado a intervenir en los mercados y controlar la compraventa de productos esenciales, por ejemplo, ante situaciones de emergencia, desabastecimiento, disparadas de precios. ¿Se imaginan una pandemia sin esa Ley? La de góndolas determina que cada producto debe contar con al menos cinco marcas disponibles y obliga a que las micro y pequeñas empresas cuenten con espacio de exhibición, fomentando la oferta de productos artesanales o regionales. Estas leyes no venían funcionando de la mejor manera, pero la respuesta del DNU es que los hipermercados y las multinacionales de alimentos decidan libremente los precios sin ningún tipo de control. Ya sabemos cómo termina esa historia. 

- En materia laboral, el título 4 del DNU del presidente Milei reduce el monto de las indemnizaciones por despido al modificar el cálculo de esta liquidación en favor del empleador. Se eliminan las multas por falta de registro de un trabajador o registro deficiente. En el caso de un juicio, “los hechos deben ser probados por quien los invoca”, es decir por el trabajador. El periodo de pruebas pasará de tres a ocho meses, lo que aumentará los temporales y contratos basura. De todo lo referido a la jornada de trabajo, lo único que se respeta son las 12 horas de descanso. Se establece un sistema denominado “banco de horas” para que el empleador no pague nunca horas extras.

-  A su vez, desde el artículo 97 se limita notablemente el derecho a huelga al declarar a todas las actividades económicas como “esenciales” o “trascendentales” y obligando al setenta y cinco por ciento (en el caso de los primeros) y a la mitad (en el segundo caso) de los trabajadores a cubrir su puesto. Por citar un ejemplo de nuestra ciudad, sólo uno de cada cuatro docentes estaría autorizado a hacer paro y sólo la mitad de los obreros de un frigorífico. Aunque dejen de pagarles el sueldo (cosa que ya ha sucedido hace veinte años en el caso de los docentes) deberían concurrir igual, según este DNU vigente. 

- En el título 3 denominado Reforma del Estado, se abre la puerta para la privatización de las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada (YPF, Banco Nación, INTEA, Fabricaciones Militares, etcétera). Esto habilita el remate de las empresas públicas, incluso de aquellas que son superavitarias. Es curioso que se repite una y otra vez que no hay plata, pero se pretenden vender también las empresas que no dan pérdidas. No es otra cosa que la vuelta de la Ley de Reforma del Estado impulsada por Menem en la Nación y por el Gobernador Moine en Entre Ríos y que dio origen a los despidos masivos, las puebladas y los piquetes en todo el país. 

- En el capítulo 9 dedicado al régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica se habilita la venta libre de medicamentos en otro tipo de negocios. Cabe recordar que esto ya se probó en nuestro país también en los años noventa y los medicamentos aumentaron muchísimo de precio, se vendían en cualquier lado, con altos índices de automedicación y sin ninguna garantía de origen. 

- En el artículo 11 se deroga la Ley 26.736, que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diarios. Eso pone en riesgo la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la subsistencia del diario que usted tiene en sus manos en este momento.  

Hay mucho más: la Ley Ómnibus 

Bajo el nombre “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que le tira a un guiño al texto fundacional de Alberdi, el Presidente de la Nación, elevó una Ley Ómnibus al Congreso. Así se denomina porque en su interior contiene un paquete de leyes y reformas que se tratan y se votan todas al mismo tiempo. Esto no será tratado por los legisladores antes del 24 de enero, pero vamos adelantando algunos puntos breves. 

-En el artículo 1ero se explica que la ley “contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social” por el plazo de dos a cuatro años. Esto implica que el Congreso deje de cumplir funciones y otorgarle al Presidente Facultades Extraordinarias. Se habla de Alberdi, pero se actúa como Rosas. 

La batalla cultural 

Como dijimos, esto todavía debe ser tratado, pero teniendo en cuenta que muchos militantes y dirigentes de la Libertad Avanza hablan en repetidas oportunidades de una batalla cultural decidimos analizar algunos puntos de la Ley Ómnibus: ¿Qué urgencia hay para que los jueces usen toga y martillo? ¿Qué necesidad hay de prohibir la palabra “gratis”? ¿Qué urgencia hay para eliminar las barreras de los peajes? ¿Qué necesidad hay de eliminar el INADI o destruir el espíritu de la Ley Micaela? ¿Sabrán el presidente y sus colaboradores qué porcentaje del PBI representan el Instituto Nacional del Teatro, de la Música y el Fondo Nacional de las Artes que pretenden eliminar? ¿Qué otro objetivo que no sea evitar que la gente lea, puede tener desfinanciar las Bibliotecas Populares y derogar la Ley del Libro? 

La resistencia en Gualeguay 

Durante la semana se organizaron diferentes formas de rechazo al DNU y la Ley Ómnibus en nuestra ciudad. En primer lugar, una Multisectorial que elaboró un documento y pretende nuclear todos los reclamos de los diversos sectores afectados por estas medidas. A su vez, este viernes se congregó en la Plaza Constitución un grupo de defensa de la cultura, que se enfrenta a las medidas que anunciamos en el párrafo de arriba y a otras que también ponen en riesgo su subsistencia. Como cierre de esta nota, compartimos un extracto del documento de la Multisectorial y sus consignas:
 
“En el caso de Gualeguay, destacamos algunos puntos concretos que atentan contra la comunidad: la apertura irrestricta de importaciones afectará a nuestras principales industrias; la derogación de la ley de fuego pone en riesgo humedales e islas; nuestras tierras pueden ser vendidas a extranjeros sin restricciones; se abre la puerta para la pesca indiscriminada en el río Gualeguay, incluso con embarcaciones extranjeras; los prestadores turísticos quedan en estado de total indefensión”.

No a la quita de los remedios a los jubilados; No al aumento de precios de los alimentos; No a la desregulación de los alquileres; No a la pérdida del poder adquisitivo del salario; No a la quita de derechos sindicales; No a la quita de subsidios (transporte, energía y gas); No a la destrucción de la Industria Nacional; No a la quita de Ayuda Social a los más necesitados; No al desguace del Estado; No a la reforma educativa de la Ley Nacional de Educación 26206; No a la declaración de Servicio Esencial a la Educación Pública; No a la liberación de las importaciones; No a los despidos de trabajadores públicos y privados; No al cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT), del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y al desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).