Confirmaron procesamientos de dos empresarios entrerrianos y sus firmas por sobornos en obras viales

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (con voto propio) avalaron lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, quien ya había procesado previamente a los principales imputados. Esta vez, tras una nueva ronda de medidas de prueba, la Cámara dejó firme la decisión y colocó a los acusados a un paso del juicio oral.

Uno de los aspectos centrales de esta causa es que se procesó no solo a personas físicas, sino también a dos personas jurídicas, aplicando la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017. Según la investigación, las empresas habrían sido beneficiarias directas de los presuntos delitos cometidos por sus directivos, quienes habrían actuado en connivencia con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

“Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos a título exclusivamente personal, sino que hubo beneficio de la sociedad como tal”, afirmaron Irurzun y Farah.

Los camaristas también remarcaron “la organización defectuosa” de las compañías, incluyendo la “ineficacia de sus programas de integridad”.

El origen de la causa

La causa se inició en diciembre de 2017 a raíz de una denuncia de Javier Iguacel, entonces titular de la DNV, por supuestas irregularidades en obras viales realizadas en Córdoba y Buenos Aires entre 2017 y 2018.

Entre los elementos clave de la investigación figuran los testimonios de una auditora que denunció pagos por obras no realizadas, y de un supervisor de Vialidad que aseguró haber recibido presiones para participar en la maniobra, que incluyó el falseamiento de documentos y destrucción de evidencia.

Uno de los principales implicados es Guillermo Crisci, excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de la DNV, señalado como el nexo entre los funcionarios y las empresas constructoras. Según el fallo, Crisci habría intentado manipular informes técnicos para beneficiar a las empresas a cargo de los tramos “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y “Arroyito-Río Primero” de la Ruta Nacional 19 (en Córdoba), y también en el tramo “Pergamino-Fontezuela” de la Ruta 8.

La maniobra, según la acusación, consistía en declarar terraplenes de mayor tamaño que los realmente construidos, lo que generaba pagos excedentes por parte del Estado, que luego eran devueltos como sobornos mediante contrataciones simuladas con empresas vinculadas a los funcionarios.

“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, habría dicho Crisci a un subordinado que se negó a participar del fraude.

Procesados y embargos

Entre los procesados se encuentran, además de Crisci, los exfuncionarios Fernando Mardiza y Ernesto Leal, así como los empresarios Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández, junto con otros trabajadores de menor rango y personas vinculadas como presuntos intermediarios, incluidas las esposas de Crisci y Mardiza.

Las empresas Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. fueron procesadas por cohecho activo, y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por más de 632 millones de pesos.

En su fallo, Casanello subrayó que las investigaciones por delitos de corrupción requieren un enfoque sistémico, capaz de conectar hechos aislados y aparentemente lícitos para develar el entramado delictivo.

“Detener el examen en la mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja”, señaló el juez.

Además, el magistrado advirtió sobre posibles fallas estructurales en la Dirección Nacional de Vialidad, al advertir similitudes entre esta causa y otras investigaciones por corrupción en obras públicas. Fuente:La Nación