Daniel Rossi amplió la denuncia que presentó contra dos ex presidentes del Iosper

El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, presentó este martes una ampliación de la denuncia que realizó contra los ex presidentes del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). La presentó ante la fiscal Paola Farinó. Rossi, junto a su abogado, Guillermo Reggiardo, solicitó “ampliar la investigación penal contra Moreyra y Cañete, incorporando las operaciones de Grupo Martínez SA, Don Gino SRL y Selsim SRL; las auditorías contables y patrimoniales de Grupo Martínez SA, incluyendo vínculos con Tamefir; de Don Gino SRL y Selsim SRL; los embargos preventivos sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones vinculadas a los denunciados; la citación indagatoria de Mariano Martínez, Antonio Julián Rubio, y directivos de Tamefir; y la solicitud de cooperación internacional para verificar bienes y cuentas vinculados en Brasil, Uruguay y Paraguay.

Rossi denunció los “incrementos patrimoniales de Moreyra y Cañete que exceden notoriamente sus ingresos lícitos”; el “manejo irregular de fondos públicos para beneficiar intereses privados”; la “malversación de fondos públicos”; el “desvío de recursos del Iosper hacia empresas vinculadas”; la “simulación de operaciones para justificar bienes y fondos de origen ilícito”; y la “falsedad ideológica”. Entendió que la ampliación “incorpora nuevos elementos probatorios que refuerzan la hipótesis de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, malversación de fondos públicos y administración fraudulenta. Los datos revelan un esquema sistemático para encubrir incrementos patrimoniales injustificados y justificar fondos ilícitos mediante empresas vinculadas”.

En la nueva presentación, los denunciantes dividieron la ampliación detallando los hechos que entienden se deben investigar en relación a Moreyra y Cañete puesto que existiría un “patrón delictivo y conexiones” entre ambos denunciados, que “presentan un esquema consolidado de enriquecimiento ilícito, caracterizado por: 1. Uso de testaferros: Mariano Martínez y otros aparecen como titulares de empresas que carecen de capacidad patrimonial para justificar las operaciones. 2. Transferencias recurrentes: Cambios de titularidad en Don Gino S.R.L. y Grupo Martínez S.A. evidencian maniobras para dificultar el rastreo de bienes. 3. Facturación ficticia y simulación empresarial: Declaración de operaciones inexistentes para blanquear ingresos ilícitos”.

En ños hechos Vinculados a Moreyra, pide que se investigue al Grupo Martínez SA, con sede en Santa Elena, del que expresó “se presenta como una empresa líder en servicios agroindustriales y forestales, fabricante de Silos Tamefir y comercializadora de productos químicos y acoplados rurales”.

Añadió que “el titular aparente, Mariano Martínez, es un excontratado insolvente de la Municipalidad de Santa Elena. Su perfil económico y profesional es incompatible con la magnitud de las operaciones que la empresa declara realizar. Se presume que Mariano Martínez actúa como testaferro de Silvio Moreyra, ocultando la verdadera titularidad y los fondos provenientes de desvíos”.

Así, Rossi refirió que “el rápido crecimiento y la diversidad de operaciones declaradas por Grupo Martínez SA no se corresponden con la capacidad financiera de su titular ni con la infraestructura visible en Santa Elena. La falta de transparencia sobre clientes y actividades específicas refuerza la hipótesis de simulación y facturación ficticia”.

También lo vinculó con el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener) señalando que “la gestión de Moreyra habría aprovechado la construcción y puesta en marcha de Cemener como fachada para legitimar desvíos de recursos, posibilitando su incremento patrimonial desmedido, de hecho su mansión de Oro Verde habría sido construida por las mismas personas que construyeron el centro como ‘devolución de favor de selección’”.

Rossi denunció que Moreyra también logró un incremento patrimonial vinculado con “acuerdos con impacto financiero en Iosper”, en relación a que “Moreyra negoció acuerdos con la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)”, “negociaciones” que consideró “carentes de transparencia”, y que “habrían permitido desvíos de fondos públicos hacia sectores de poder, en detrimento de los afiliados de la obra social”.

También le atribuyó “propiedades de lujo, como una quinta en Oro Verde; caballos de carrera y autos de alta gama; presencia de bienes y cuentas bancarias en el exterior, específicamente en Brasil, Uruguay y Paraguay”.

Rossi entiende que aquellas “actividades refuerzan la hipótesis de que Moreyra fue uno de los beneficiarios directos del desfalco al Iopser, utilizando estructuras societarias y acuerdos institucionales para legitimar un esquema de saqueo”.

Rossi entendió que “la participación de Silvio Moreyra en el Iosper, su vinculación con Cemener, y los acuerdos entre Apler y AJER lo ubican como un actor central en un esquema de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, utilizando empresas y asociaciones como Grupo Martínez y Tamefir para legitimar fondos de origen ilícito. Su desmedido incremento patrimonial, incluyendo propiedades de lujo y activos en el exterior, evidencia la gravedad de las irregularidades cometidas durante su gestión”.

Respecto de Cañete, denunció que “ha desplegado un esquema complejo de enriquecimiento ilícito basado en: Don Gino SRL; utilización de la sociedad para ocultar activos y transferir fondos mediante cesiones sucesivas de cuotas; Selsim SRL, creación de una estructura paralela con fines similares, compartiendo socios y actividades con Don Gino.

El denunciante le atribuye a Cañete “emprendimientos inmobiliarios en Gualeguay” mediante la “adquisición de propiedades e inversiones a través de fondos ilícitos, vinculados a transacciones con operadores como Hernán Vitulo”. Así, sostuvo que “estos elementos demuestran un incremento patrimonial injustificado que debe ser investigado a fondo, con el objetivo de determinar la verdadera procedencia de los bienes y las maniobras utilizadas para disimular su origen ilícito”. (APFDigital)