En Crespo deja de ser obligatorio el barbijo

El intendente de Crespo, Darío Schneider (UCR), confirmó que a partir de este miércoles deja de ser obligatorio el uso del barbijo en la ciudad. La medida abarca, según reza el decreto firmado por el presidente municipal, a espacios cerrados con acceso al público, tales como comercios, consultorios, salones, entre otros lugares sujetos a habilitación y contralor municipal.

El decreto faculta, sin embargo, a los propietarios de dichos espacios a disponer el uso de los barbijos en su interior, "en el caso que lo crean conveniente".

Por otra parte, el presidente municipal adelantó que sugiere al Ministerio de Salud de la Provincia que evalúe la obligatoriedad del uso del barbijo, en este contexto epidemiológico, dentro de las escuelas de la provincia.

"Acompañamos las solicitudes recibidas de familias crespenses", que piden que el tapa-bocas sea optativo para los alumnos, expresó el mandatario vecinal, según consignó el portal Desde Crespo.El abandono del barbijo como accesorio obligatorio en espacios cerrados para prevenir el coronavirus, en particular en establecimientos educativos, viene generando polémica a nivel nacional entre los ministerios de Salud y Educación. Mientras que el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyck, convalida que los tapabocas sean optativos en las escuelas, su colega Carla Vizzoti, respaldada por sus pares provinciales del Consejo Federal de Salud, insistió en que aún es conveniente sostenerlo.

El debate se está instalando en Entre Ríos. Desde la política, el diputado radical Eduardo Solari se expresó en favor de la libertad para elegir si usar o no barbijo en las escuelas. Ahora, el intendente crespense da el primer paso en flexibilizar este requisito sanitario dentro de los límites de su jurisdicción.Schneider ya se había adelantado en los primeros meses de la pandemia, cuando en mayo de 2020, previo a la llegada de la primera ola de contagios masivos al país, había autorizado encuentros familiares y sociales de hasta 15 personas, cuando dicho permiso no estaba vigente a nivel provincial. Dicha autorización motivó reproches públicos de parte de autoridades del gobierno provincial, como la ministra Rosario Romero.