Entre Ríos implementa el expediente electrónico

A través de un proyecto de ley elevado por el Ejecutivo, Entre Ríos implementará el expediente electrónico en todos los procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.

Concretamente, la provincia implementará y utilizará expedientes electrónicos, documentos, firmas, comunicaciones y notificaciones, y domicilios electrónicos, además de la digitalización de documentos, firmas digitales y audiencias telemáticas en todos los procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.

Por tal motivo, los actos realizados gozarán de idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, y alcanza a la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado o toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Desde el gobierno provincial, se entiende que el fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector público provincial requiere la implementación paulatina y progresiva de sistemas electrónicos de gestión de los expedientes y procedimientos de la administración pública con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad, celeridad en los trámites, integración e interoperabilidad de los sistemas de información elevando en definitiva la calidad de la gestión de gobierno. Los nuevos principios del procedimiento administrativo son la simplificación administrativa, digitalización y accesibilidad.

Por tal motivo, y en el marco del proceso continuo de mejora en el funcionamiento del servicio de la administración pública, se propone realizar de manera sistemática y progresiva la digitalización de datos, documentos y procedimientos, así como la instauración de las firmas digital y electrónica cuya validez jurídica encuentra sustento en diversas leyes nacionales y provinciales. Normas que, además, constituyen la infraestructura tecnológica necesaria para alcanzar los objetivos de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos en forma segura a través de internet, así como procurar la gradual despapelización y mayor eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.

Por otro lado, se advierte que el cambio tecnológico debe ir acompañado de un cambio en la forma de gestión y para ello es necesario promover nuevas competencias para el desarrollo del trabajo digital y sus elementos esenciales, los que deben estar expuestos y definidos en la norma.