Resolver las causas antes que debatir las consecuencias

La inseguridad es una contingencia social que preocupa a vastos sectores de la ciudadanía nacional. A propósito de las  graves consecuencias que ella acarrea, está la estructura jurídica de nuestro país para encargarse. En una república cimentada en la división de poderes, es en vano que los funcionarios legislativos y ejecutivos viertan comentarios jurídico-mediáticos en tono electoralista cuando su real, valga la redundancia, función es la de dedicarse a solucionar las causas que la provocan.

Si pensamos a la sociedad como una estructura, su base está conformada por las relaciones sociales de producción y las fuerzas de trabajo. Básicamente, a modo práctico, podemos decir que la base social es económica. Ésta determina a lo que podemos denominar superestructura, allí se encuentran las leyes, los códigos éticos, la educación, la moral social, las ideas, la educación, entre otras. Ésta, a su vez, sobre determina a la base económica social.

Si tomamos en cuenta este esquema de la sociedad, podemos decir que la base de la mayoría -por no decir todos- de los problemas sociales es el aspecto económico. Es decir, que para ir al fondo de las diversas contingencias que nos atañen como país, no puede faltar nunca la perspectiva económica de los mismos. La inseguridad no es la excepción.

Está más o menos consensuado por la mayoría, sin importar el tinte político de los diferentes actores políticos en pugna, que los problemas de Argentina se pueden sintetizar en tres puntos claves: 1) crecimiento per cápita negativo desde hace más de una década. 2) Endeudamiento externo. 3) Descontrol del índice inflacionario. Estos elementos convergen en graves escenarios para la ciudadanía, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables. Entre los que se destaca la pobreza. Vale recordar que en el último informe de la UCA se estimó que ésta es del 43,1 por ciento.

Sin más preámbulos, cabe decir que la pobreza es una causa de la inseguridad, en suma a otras cuestiones que también tienen que ver con los desmanejos de la corporación política. Obviamente es falso sostener la linealidad de decir que todo individuo en situación de pobreza cae en la delincuencia, los datos demuestran que esto no es así. De todas maneras, el hecho de ser pobre y no poder cumplimentar las necesidades básicas como cubrir el mínimo para llegar a la canasta básica mensual, sumado a otros factores, puede conllevar a la delincuencia. 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, los sectores políticos y encargados de solucionar los problemas de las personas tienen mucho que explicar. La ineficiencia en sus respectivas gestiones llevan al deterioro cada vez más profundo de la economía nacional, lo cual repercute en el cotidiano de las personas en las formas más salvajes posibles: en el hecho de arriesgar la vida.

Háganse cargo. Transformen y mejoren la realidad de la ciudadanía para que no corra peligro la vida de los individuos. La inseguridad es culpa de los políticos. Y esta (ir)responsabilidad lleva a que las personas se pongan en peligro entre si. Es inverosímil un entorno social en estos términos. Los administradores del Estado se han encargado de configurar un ambiente en donde se resquebraja el tejido social y ya no se distinguen entre víctimas y victimarios. 

Julián Lazo Stegeman