Obra pública: Nación recortó el 80% de los fondos en enero y giró solo USD 90 millones

La poda presupuestaria en un sector como la obra pública ya asomaba, desde hace semanas, como una de las columnas en las que se apoyaría el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei, en especial tras la caída de la ley ómnibus que buscaba aumentar impuestos. El objetivo de déficit cero, así, pasó a depender más de los recortes de fondos que en el refuerzo de ingresos tributarios. Junto con las transferencias a provincias y el gasto previsional, la obra pública fue una de las que experimentó el ajuste más pronunciado en el primer mes del año.

Así lo muestran los números de la Secretaría de Hacienda, que informó el viernes pasado que el sector público nacional tuvo un superávit primario de 2 billones de pesos y, al descontar el pago de intereses de deuda, un resultado positivo financiero de 518.000 millones de pesos, que equivale aproximadamente a 0,3% del Producto Bruto.

El gasto de capital, en ese plano, tuvo una caída nominal de 50 por ciento. En enero de 2023, esa partida presupuestaria había recibido 155.000 millones de pesos y el mes pasado esa suma fue de 77.105 millones, lo que implicaría un desplome de 81% real, según estimó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

En detalle, la peor parte se la llevó el gasto de capital para Educación, cuyas transferencias fueron prácticamente llevadas a cero, desde $15.500 millones en enero del año pasado a solo $752 millones el mes pasado. Los fondos a Vivienda también tuvieron un guadañazo pronunciado, de 88% nominal, desde los $18.700 millones de hace un año hasta $2.200 millones de este año. Para Transporte el derrumbe nominal de gasto fue del 66%; para Agua Potable y Alcantarillado fue de 21,5% y Energía, un 19,2 por ciento. El informe oficial discrimina entre los fondos que ejecuta directamente la Nación y los que son enviados a los gobernadores: en este último caso prácticamente todos los rubros fueron suprimidos a cero.

Otra forma de observar el ajuste en infraestructura surge con los datos, más actualizados, del Presupuesto Abierto, el portal oficial del Ministerio de Economía que actualiza, con rezago mínimo, el estado de las cuentas públicas. Con datos hasta este lunes, las cuatro partidas presupuestarias principales del Ministerio de Infraestructura (Secretaría de Transporte, Vialidad Nacional, Vivienda y Obras Públicas) tuvieron gastos pagados efectivamente por apenas $65.700 millones, unos 78 millones de dólares.

La secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que conduce Héctor Lostri, pagó solo 729 millones de pesos, unos 870 mil dólares a tipo de cambio oficial. La de Obras Públicas, que encabeza Luis Giovine, tuvo presupuesto pagado por 978 millones de pesos, equivalentes a 1,16 millones de dólares. Al incorporar todo el resto de los organismos que integran Infraestructura (que todavía sigue bajo esa denominación a pesar de la salida de Guillermo Ferraro), el gasto habilitado por el Palacio de Hacienda fue de $75.200 millones (USD 90 millones) de los 2 billones de crédito presupuestario inicial.

El gasto en obra pública, ya saben los empresario del sector constructor por boca de los propios funcionarios, será una de las víctimas del ajuste fiscal. Un grupo de ejecutivos se había reunido hace diez días con el ministro de Economía Luis Caputo, y se llevaronh como conclusión que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino la meta de déficit cero.

En un primer vistazo al plan Caputo, este ítem del gasto debería explicar un 0,7% del PBI -de los 5 puntos en total que busca la Casa Rosada- pero la caída de la ley ómnibus podría cerrar aún más la canilla presupuestaria para ese sector.

Un punto central de la reunión tuvo que ver con la discusión que versa sobre qué obras ya con algún grado de ejecución podrán contar con fondeo público y cuáles no. Los empresarios consultados por Infobae coincidieron en que el mensaje que bajó desde el Poder Ejecutivo fue que las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor. Fuentes privadas estiman que se trataría de apenas el 5% de las obras iniciadas.

Otro tema que preocupa a los referentes constructores es que el Gobierno podría redireccionar financiamiento que proviene de organismos internacionales y que tenían como objeto proyectos de infraestructura hacia el refuerzo de programas de asistencia social, una medida que fue anticipada por Infobae y que quedó cristalizada como parte de las conversaciones que sostuvieron los funcionarios con el staff del Fondo Monetario Internacional.

Las expectativas de los empresarios del sector empeoraron con notoriedad tras el cambio de gobierno. La última encuesta a ejecutivos de la construcción que acompaña al informe de actividad que realiza de manera mensual el Indec exhibió que el 77% de los empresarios consultados cree que en los próximos tres meses el ritmo de trabajo en los proyectos de obra pública disminuirá. Dos meses atrás esa proporción era de 44 por ciento.