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Si se aplicara la movilidad, el bono de $ 70.000 debería ser de $ 107.000
Esa diferencia de $ 37.653 afecta a casi 6 millones de jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. Además, el bono no se computa para el cálculo del medio aguinaldo que se paga en junio.
Si el bono previsional hubiera recibido los aumentos de la movilidad, en junio debería ser de $ 107.653 en lugar de los $ 70.000. Esta diferencia de $ 37.653 afecta a casi 6 millones de jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos.
En diciembre 2023 el bono fue de $ 55.000. Hasta junio, la movilidad alcanza al 95,73% (marzo 27,18%+ 27,39% abril, + 11.01% mayo+ 8,83% junio). En cambio, el bono pasó de $ 55.000 a $ 70.000 una suba del 27,2%. Si a los $ 55.000 se les aplica el 95,73% de la movilidad semestral, arrojaría $ 107.653
No es éste el único perjuicio. El bono no se computa para el cálculo del medio aguinaldo. En consecuencia, esos jubilados y pensionados pierden de cobrar $ 35.000 en junio sobre el bono de $ 70.000 o $ 53.826,50 si se hubiese aplicado la movilidad.
De esta manera, por no aplicar la movilidad y no integrarse al haber corriente, los que cobran el bono tienen en junio un ingreso inferior de $ 37.653 +$ 53.826,50. En total $ 91.479,50 menos.
Por esta razón, los jubilados de haberes mínimo perdieron versus la movilidad y también versus la inflación esperada a junio que podría rondar entre el 85% y 90%.
4.400.000 jubilación mínima + bono: + 72,31%
300.000 PUAM más bono: + 68,76%
1.250.000 prestaciones no contributivas (PNC): + 66,55%.
A menor haber mayor es la pérdida por el mayor peso del bono por cuanto los de la PUAM cobran el 80% del haber mínimo y los de las PNC el 70%.
No está en el programa del Gobierno corregir esta pérdida del poder de compra de la gran mayoría de los jubilados y pensionados.
Al contrario, la estrategia es seguir licuando el bono hasta reducirlo a tal nivel que en determinado momento quede suprimido. El bono de $ 70.000 fue fijado en marzo y se mantiene sin cambios en los 3 meses siguientes, destaca el diario Clarín.
Por el alcance del bono -unos 6 millones de jubilados y pensionados- y la magnitud del congelamiento, la licuación de los pagos previsionales son los que mayor incidencia tienen en la reducción del gasto público.
“En el primer cuatrimestre del año el gasto público nacional pagado bajó $11 billones en pesos constantes respecto a 2023 al primer cuatrimestre de 2023. Resulta importante analizar la distribución del recorte del gasto público. Se aprecia que las Jubilaciones y pensiones soportaron el 35% de la reducción total, la inversión real directa el 15%, las transferencias a provincias el 14%, subsidios a la energía el 8% y salarios el 8%, entre los más importantes”, señala el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).