La defensa de la universidad pública: un consenso básico social.

Los consensos básicos: una condición para la paz social.

Cuando hablamos de consensos básicos nos referimos a acuerdos fundamentales que, aunque no siempre están escritos o legislados, constituyen principios orientadores para la vida en comunidad. Entre ellos se encuentra el respeto a los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de pensamiento, y la garantía de acceso a servicios públicos esenciales como la salud, la justicia y, por supuesto, la educación.
Estos consensos, además, permiten construir una sociedad en la que todos los individuos, independientemente de su origen, clase social, género o creencias, puedan desarrollarse plenamente. Sin tales acuerdos, las sociedades se vuelven vulnerables a la fragmentación, la violencia y la desintegración, lo que conduce a una situación de inestabilidad crónica y desconfianza generalizada.

La universidad pública como garante de igualdad y equidad.

Dentro de este marco de consensos básicos, la universidad pública ocupa un lugar central. No se trata solo de un espacio académico donde se imparten conocimientos técnicos y científicos, sino de un motor de desarrollo y progreso social. A través de la educación superior pública y gratuita, las sociedades modernas garantizan un acceso igualitario al conocimiento y a la formación profesional, independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes.
La universidad pública representa, entonces, un consenso social en torno a la necesidad de crear condiciones de igualdad de oportunidades. En un mundo donde la educación es cada vez más un bien de mercado, la existencia de instituciones públicas que permitan el acceso a estudios superiores sin importar la capacidad de pago es un factor decisivo para reducir las brechas de desigualdad. Así, la universidad pública actúa como un verdadero vehículo de movilidad social, permitiendo que miles de jóvenes puedan mejorar su situación socioeconómica y la de sus familias a través del conocimiento y la formación.
Además, la universidad pública fomenta el pensamiento crítico, la investigación científica y la producción de conocimiento, lo cual resulta esencial en la construcción de una sociedad democrática, plural y capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. En estos espacios se forman no solo los profesionales que construirán el futuro del país, sino también ciudadanos comprometidos con la transformación social, la justicia y el bien común.

La amenaza al consenso y los desafíos actuales.

En el último tiempo , la universidad pública ha enfrentado diversos ataques, tanto desde sectores que buscan su desfinanciamiento como desde visiones que intentan desvalorizar su rol en la sociedad. Estas amenazas no son meramente económicas o administrativas, sino que tocan un aspecto mucho más profundo: la ruptura de uno de los consensos más importantes que ha permitido la construcción de sociedades más justas y equitativas.
El intento de mercantilizar la educación, de reducirla a una mercancía al alcance solo de quienes pueden pagar por ella, va en contra del espíritu mismo de la universidad pública y gratuita. Se trata de un desafío a la idea de que el conocimiento es un bien común, algo que debe estar al alcance de todos porque su impacto positivo beneficia a la sociedad en su conjunto.
En este contexto, es urgente que la sociedad en su conjunto defienda la universidad pública como un espacio inclusivo, plural y accesible. Su debilitamiento no solo afectaría a los estudiantes actuales y futuros, sino a la propia estructura social, incrementando las desigualdades y limitando las posibilidades de desarrollo colectivo.

La universidad pública como base para la convivencia democrática.

La educación superior pública también cumple un rol fundamental en la consolidación de una convivencia democrática. Al ser un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos orígenes, regiones y perspectivas, la universidad se convierte en un lugar donde se aprenden y ejercitan los valores de la tolerancia, el respeto y la cooperación. Es allí donde los futuros profesionales del país no solo se forman en conocimientos técnicos, sino también en ciudadanía, en la capacidad de dialogar y debatir con otros, en la importancia de escuchar y aprender de la diversidad.
Sin una universidad pública fuerte, corremos el riesgo de empobrecer la vida democrática del país. Al limitar el acceso a la educación superior, no solo se priva a miles de jóvenes de una oportunidad de crecimiento, sino que también se debilita el tejido social, pues se erosiona uno de los espacios donde mejor se cultivan las habilidades para la vida en comunidad.

La defensa de la universidad pública como prioridad social.

Es por todo lo expuesto que la defensa de la universidad pública debe ser una prioridad para todos los actores sociales: estudiantes, docentes, familias, trabajadores y dirigentes políticos. Mantener el consenso sobre la importancia de una educación pública, gratuita y de calidad es defender la posibilidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
Ante los intentos de desmantelarla o de reducir su presupuesto, es necesario recordar que la universidad pública no es solo un lugar donde se forman profesionales, sino una institución fundamental para la convivencia social, para la cohesión de la comunidad y para la construcción de un país donde todos tengan oportunidades de progreso.

En resumen, la universidad pública es mucho más que una institución educativa: es un pilar de los consensos básicos que permiten la convivencia en sociedad. Su defensa y fortalecimiento son esenciales para garantizar un futuro en el que todos, sin distinción, puedan acceder a una educación de calidad, contribuir al desarrollo del país y, en definitiva, vivir en una comunidad donde se respete y valore la igualdad de oportunidades.

Julián Lazo Stegeman