La violencia institucional no debe tener lugar para la hipocresía

En los Estados modernos, esta violencia está regulada por leyes, protocolos y normativas, supuestamente ideadas e implementadas por especialistas y gente preparada para esa tarea. El objetivo de esta cuestión es que la mencionada violencia sirva para proteger y cuidar a la ciudadanía, aunque suene paradójico. Cuando no se respeta la legislación vigente ni las acciones protocolares en esta materia, al accionar violento de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad se convierte en violencia institucional. Lamentablemente, un capítulo repetido en nuestro país.
Muchos arguyen, al momento de justificar una represión, que es el trabajo que deben realizar estas fuerzas al ser dependencias de un Estado que mantiene el monopolio legítimo de la violencia. Esto es un grave error que muchas veces implica un accionar sumamente violento que pone en riesgo la vida de las personas. En este sentido, debe quedar en claro que  la represión es violencia sin límites, ésta está lejos de ser legítima básicamente porque escapa de los marcos de la ley. En esta línea, la legislación debe ser resguardada e implementada por los administradores del Estado. Cuando esto no ocurre es un fracaso local, por la cual las renuncias pertinentes deberían encontrarse sobre la mesa.
Lo acontecido en La Plata el pasado jueves durante el partido de Gimnasia- Boca es una ilustración concreta de lo mencionado en los párrafos anteriores. La legislación para la implementación de la violencia legítima del Estado no se respetó por parte de los administradores estatales. Esto derivó en un accionar violento, inusitado y muy grave. La Justicia investigará e indicará las responsabilidades penales. De todas maneras, la responsabilidad política está clara y debe omitir cualquier tipo de hipocresía partidaria.
Los nombres del Gobernador y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Sergio Berni respectivamente, aparecen al tope de la lista de responsables políticos, pese a quien le pese. ¿En qué se convierte un funcionario público cuando no tiene la capacidad de cuidar a los ciudadanos cuando intentan disfrutar de un espectáculo deportivo? ¿Qué elemento desconoce la sociedad civil a propósito de por qué Kicillof sigue manteniendo en su cargo a Berni cuando éste ha tenido diversos pasos en falso? ¿Qué interna se está disputando dentro del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires? ¿Y en la policía bonaerense?. 
Más allá de los interrogantes mencionados en el párrafo anterior, nunca la ciudadanía debería quedar en el medio de disputas políticas que pudiesen poner en peligro su integridad física. A su vez, es precisamente en este punto dónde debe quedar en claro que la violencia institucional se ejerce desde la inoperancia política, ya sea por acción u omisión. Justamente, es la misma violencia institucional que impacta salvajemente sobre las vida de las personas que lamentablemente la tienen que experimentar por la irresponsabilidad total de los funcionarios públicos.
Ningún régimen político republicano puede progresar si no es eficaz en gestionar adecuadamente a sus fuerzas de seguridad. Es decir, que ninguna estructura política democrática puede funcionar si el Estado y sus administradores no son responsables a la hora de manejar la violencia legítima bajo los fundamentos de la ley y los protocolos vigentes.
En fin, como mencioné más arriba, la violencia institucional no puede tener lugar para la hipocresía. Las responsabilidades políticas deben ser marcadas más allá del color político de los implicados.

Julián Lazo Stegeman