Privatización de rutas: ¿cómo podría afectar a Gualeguay?

El decreto, que estaba previsto para diciembre, será publicado en las próximas horas, según confirmaron fuentes oficiales. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Economía, ya había adelantado en noviembre el cronograma para el traspaso de rutas al sector privado. Este proceso comenzará con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, abarcando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Este corredor, de 675 kilómetros de extensión, es clave para el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esta licitación es solo el primer paso en un plan de privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas. Actualmente, un 20% de la red vial nacional está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, y el Estado planea transferir su gestión al sector privado. Se estima que la privatización podría ahorrar al Estado unos 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años.

El contrato de la concesionaria actual, Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), vencerá el 9 de abril de 2025, después de casi 35 años de operación. La empresa había demandado al Estado por ajustes tarifarios pendientes y falta de renegociación del contrato. En este contexto, el Gobierno ha decidido no renegociar el contrato actual y avanzar con una nueva licitación para que una nueva concesionaria asuma la gestión de las rutas a partir del 10 de abril.

Consecuencias para la ciudad y la región 

La privatización del corredor 18 y demás caminos de la región podría tener diversos efectos en Gualeguay, dependiendo de las características del acuerdo de concesión y de cómo se gestione la infraestructura. 

Posibles impactos positivos:

Mejoras en la infraestructura vial: La privatización podría implicar una mayor inversión en el mantenimiento y mejora de las rutas, lo que podría traducirse en la disminución de los baches, una señalización más clara y mayor seguridad. Esto podría beneficiar tanto a los vecinos de Gualeguay como a quienes transitan por la zona, mejorando la conectividad regional.

Mayor inversión en seguridad vial: Las concesionarias privadas suelen tener más recursos para destinar a la seguridad, lo que podría traducirse en mayor control de la velocidad, puntos de control de tráfico, cámaras de vigilancia y otras medidas de seguridad que ayuden a reducir los accidentes.

Mejor conectividad: Si la privatización se acompaña de una mejora en el servicio de transporte, Gualeguay podría beneficiarse con una mejor conectividad con Rosario, Buenos Aires, y por qué no, otras ciudades importantes de la región y de la provincia. 

Posibles impactos negativos:

Aumento de peajes: Uno de los efectos más inmediatos de la privatización de una ruta es la implementación de peajes. Esto podría afectar negativamente a los habitantes de Gualeguay, especialmente a aquellos que utilizan la ruta con regularidad para desplazarse, ya sea por trabajo, estudios o por motivos personales. El costo de los peajes podría representar una carga económica para las familias y los comerciantes locales y también para quienes viajan habitualmente desde Gualeguay a Rosario o Buenos Aires.

Posibles cambios en el tráfico: Si la ruta se hace más eficiente para el transporte de carga o vehículos de largo recorrido, podría haber un aumento en el volumen de tráfico, lo que podría generar más congestión en ciertos tramos de la ruta, afectando la habitual tranquilidad de nuestra ciudad y generando mayores riesgos de accidentes.

Impacto económico en sectores locales: Si los peajes son altos, los precios de los productos y servicios que transiten por las rutas privatizadas (alimentos y materiales de construcción, por citar un par de ejemplos) podrían aumentar. Esto podría tener un efecto negativo en los costos operativos de las empresas locales y afectar el bolsillo de los consumidores.

Desigualdad en la inversión: En algunos casos, las concesionarias privadas tienden a concentrar las inversiones en los tramos de la ruta más transitados o rentables, lo que podría generar disparidades en la calidad del servicio en diferentes áreas de la ruta. Gualeguay, al estar en un tramo intermedio, podría no recibir las mismas mejoras que otras áreas más cercanas a grandes centros urbanos.

Sería importante que tanto las autoridades locales, como la sociedad civil, participen activamente en la discusión sobre la privatización, exigiendo transparencia en las condiciones del contrato y asegurándose de que los intereses de los habitantes de Gualeguay y de la región estén bien representados.