Cerca de 500 trabajadores de la ruta preocupados por sus puestos laborales

Los empleados manifestaron su preocupación por el futuro de sus puestos laborales, ya que hasta el momento no han recibido garantías sobre su continuidad a partir del 9 de abril.

La posible intervención de Vialidad Nacional en la administración de estas rutas podría implicar la suspensión indefinida del cobro de peajes, lo que generaría un impacto negativo en el mantenimiento de la infraestructura vial. La mayoría de los trabajadores afectados son oriundos de ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, así como de las provincias de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires.

El Corredor Vial Nº 18, cuya concesión está en riesgo, abarca la ruta 12 desde Zárate hasta Ceibas, la 14 hasta Paso de los Libres, la ruta 135 en Colón, la ruta A-015 en Concordia, la ruta 117 en Paso de los Libres y la 174, que conecta Rosario con Victoria.

Los trabajadores, agrupados en Crusa, informaron que tras reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, la autoridad gubernamental no ofreció respuestas concretas respecto de su futuro laboral. "Pese a los reiterados pedidos de Crusa, las familias de estos trabajadores no encuentran certezas sobre su situación una vez que venza la concesión", expresaron.

Desde la concesionaria también señalaron que han intentado diversas gestiones ante funcionarios gubernamentales, pero que no han recibido respuestas satisfactorias. "Pese a la actitud negligente de las autoridades responsables, el actual concesionario seguirá buscando alternativas para los trabajadores y sus familias", afirmaron. Además, sostienen que la mejor solución sería prorrogar la concesión hasta definir una licitación clara, ya sea permitiendo que Crusa continúe con la administración o facilitando una transición ordenada a una nueva concesionaria. No obstante, el Gobierno Nacional ha rechazado esta propuesta, lo que incrementa la incertidumbre.

Por otro lado, el vocero del concesionario de la ruta nacional 14, Mariano Bradanini, participó de una audiencia en Gualeguaychú, donde cuestionó la falta de solidez en los pliegos provisorios presentados por el Gobierno. "Las constructoras que participaron de la audiencia coincidieron en que el pliego presentado no es viable y que no permite garantizar un negocio sustentable", advirtió.

Crusa también ha denunciado incumplimientos contractuales por parte del Estado Nacional desde 2009. "El contrato no se ha respetado desde ese año, algo común en las concesiones de servicios públicos desde la salida de la Convertibilidad, lo que ha generado problemas estructurales a lo largo de más de 20 años", afirmaron desde la empresa.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) también manifestó su preocupación, no solo por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sino también por el estado del sistema vial argentino. El gremio denunció un atraso tarifario del 300% desde 2018 y alertó sobre la falta de inversiones en infraestructura. "¿Qué solución se ofrecerá a los usuarios que padecen el deterioro de las rutas? ¿Quién invertirá en obras si no hay una tarifa asegurada?", cuestionaron desde Sutpa.

A medida que se acerca la fecha límite de la concesión, la incertidumbre crece entre los trabajadores, quienes continúan esperando una respuesta oficial sobre su futuro laboral y la administración de estas importantes vías de comunicación.