Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew recorrieron un largo camino para hallar justicia por los 16 militantes asesinados en la base Almirante Zar, y aún aguardan que el marino Roberto Bravo, quien reside en Estados Unidos, donde recibió una condena civil por su responsabilidad en los fusilamientos, sea finalmente extraditado a Argentina.

María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps fueron los únicos tres sobrevivientes del grupo de 19 guerrilleros que fue fusilado el 22 de agosto de 1972 por marinos que estaban a las órdenes del capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo.

Los tres dieron testimonios de ese crimen colectivo, pero la ley de amnistía sancionada en mayo de 1973, que beneficiaba por igual a los autores de hechos represivos y a los militantes de las organizaciones armadas, impidió el avance de la Justicia.

En medio de los convulsionados años '70, la Armada se encargó de preservar y resguardar a Sosa y a Bravo, quien fue enviado a Estados Unidos como parte de la agregaduría naval de Argentina en ese país en 1973, por disposición de Alejandro Agustín Lanusse.

Los tres sobrevivientes, en cambio, fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem impidieron el avance de investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas fundamentalmente entre 1976 y 1983.

El ex marino Carlos Marandino, condenado a prisión perpetua / Foto archivo.
Al ser esas normas derogadas en 2003 por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, declaró que los crímenes de la dictadura eran de lesa humanidad y, como tales, resultaban imprescriptibles, lo que posibilitó la apertura de procesos y juicios contra quienes habían participado del plan sistemático de extermino que se implementó durante la última dictadura cívico militar.

Querellas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas plantearon ante la Justicia que "la Masacre de Trelew" debía ser considerada como un delito de lesa humanidad, y reclamaron la apertura de una causa.

En 2006, la Justicia, atendiendo ese criterio, decidió que ese asesinato colectivo debía ser investigado y se ordenó el inicio de una instrucción.

Un año después, el juez federal de Chubut Hugo Sastre inició una investigación y una de sus primeras medidas fue convocar a declarar al médico Lisandro Iván Lois, quien completó en su momento los certificados de los 16 muertos en la base Almirante Zar.

La causa estaba tan paralizada que esos certificados no figuraban en ninguna sede judicial: debieron ser rastrados para incorporarlos al nuevo expediente.

Tras una instrucción de cinco años, en mayo de 2012 se dio inicio al juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral y Público de Comodoro Rivadavia.

Los imputados eran los ex marinos Sosa Rubén Norberto Paccagnini, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista; mientras que Horacio Alberto Mayorga fue apartado del juicio juicio por razones de salud.

En octubre de ese año fueron condenados a prisión perpetua a Sosa, Del Real y Marandino, y se estableció en el juicio que los hechos investigados constituían crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.

Además, el tribunal, integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella, absolvió a quien fuera jefe de la Base Almirante Zar en agosto de 1972, Rubén Norberto Paccagnini, y al juez militar designado para realizar la investigación, Jorge Bautista.

Los magistrados ordenaron también que se solicite la extradición de Bravo, quien aún reside en los Estados Unidos, donde se convirtió en un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Defensa.

A pedido de la justicia argentina, Bravo resultó detenido en febrero de 2010 en los Estados Unidos, pero su extradición fue rechazada por los tribunales de ese país.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó que el Estado argentino reitere el pedido para que Bravo sea deportado por haber mentido sobre sus antecedentes al ingresar a territorio estadounidense.

En febrero de 2014 el juez Sastre, a cargo de la investigación, reiteró la petición para que el exmarino compareciera ante la Justicia argentina.

La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó las absoluciones de Paccagnini y Bautista, quienes fallecieron con el trascurso de los años, al igual que Sosa y Del Real.

El ex marino Jorge Bautista, condenado a prisión perpetua / Foto archivo.

La decisión de la Cámara fue recurrida y la Corte Suprema de Justicia demoró seis años en resolver el planteo.

El expediente volvió a la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, en mayo del año pasado, rechazó el recurso extraordinario.

La defensa de Marandino, quien seguía con vida al momento del fallo, no recurrió en queja ante la Corte y en consecuencia la condena quedó firme.

En marzo de 2016, con motivo de la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Cels junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e Hijos enviaron una carta al embajador de ese país para reclamar que se avance en la extradición de Bravo.

A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur del estado de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares.

El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".

Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros se basó en un acto defensa personal / Foto archivo.

La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión, y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.

En paralelo, el Cels y el Center for Justice Accountability (CJA) -un organismo de derechos humanos de los Estados Unidos- iniciaron un juicio civil contra Bravo en una corte del Estado de Florida.

El 1 de julio pasado, el represor fue encontrado responsable de los crímenes cometidos en Trelew y condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros se basó en un acto defensa personal cuando estaba siendo atacado en el contexto de un intento de fuga.

Para los familiares, esa sentencia estableció un importante precedente para que el exmarino sea finalmente extraditado a Argentina.